El Ministerio Público instó a las personas que tengan en su poder bienes vinculados al Grupo Vázquez a acercarse a la Fiscalía para colaborar con su identificación y entrega. Advirtió que quienes retengan estos activos y no colaboren podrían enfrentar procesos penales en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.
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16 de noviembre de 2026 14:49
El pedido se realizó tras el allanamiento encabezado por los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta en la vivienda de Miguel Vázquez, como parte de las diligencias para incautar bienes muebles, inmuebles y vehículos.
El fiscal Corbeta explicó que la investigación cuenta con información de inteligencia y datos proporcionados por personas que colaboran con las autoridades. Sin embargo, debido a la delicadeza del caso, evitó revelar las fuentes de esos datos.
Asimismo, informó que el Ministerio Público habilitó un correo institucional para recibir denuncias e información sobre la ubicación de propiedades, vehículos y otros bienes relacionados con el grupo. Los ciudadanos también pueden acercar datos a la Fiscalía General, en cualquier formato, para su procesamiento.
El agente fiscal señaló que varios vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades por vecinos de la zona, quienes comenzaron a colaborar al observar la presencia de la comitiva fiscal. A esto se suman las tareas de inteligencia de la Policía Nacional para localizar otros rodados en distintos puntos.
El objetivo de los procedimientos es recuperar la mayor cantidad posible de activos, incorporarlos al proceso penal y posteriormente analizar cuál será el destino de los bienes incautados.
El operativo contó además con el acompañamiento de agentes del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional.
Dramático reclamo en el IPS: “Si hoy no tengo mi medicamento, mañana me puedo morir”
Los asegurados renales y trasplantados, acompañados por la Asociación Nacional de Asegurados, se movilizaron frente a la sede central del Instituto de Previsión Social (IPS) para exigir la provisión inmediata de fármacos vitales. Denuncian que el desabastecimiento pone en peligro directo sus vidas y el éxito de los órganos recibidos.
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16 de noviembre de 2026 14:53
El desabastecimiento de insumos en la previsional volvió a generar escenas de angustia y desesperación frente a la entrada principal del Instituto de Previsión Social (IPS). Pacientes renales y trasplantados realizaron una movilización para reclamar la reposición inmediata de medicamentos fundamentales para su supervivencia.
Liz Maqueda, integrante de la Asociación Nacional de Asegurados, lamentó en charla con GEN que esta situación se repita de manera constante desde hace aproximadamente tres años y medio, agravándose en los últimos meses.
Maqueda cuestionó la falta de voluntad política y de gestión de las autoridades sanitarias frente a un problema que compromete directamente la vida de los aportantes.
“Estamos hablando de vidas humanas. Si hoy yo no tengo mi medicamento, mañana me puedo morir o esta misma tarde me puedo morir. Son medicamentos antirrechazo; para que un paciente consiga un órgano alguien tuvo que morir o donar parte de su cuerpo, conseguirlo ya es un milagro, y lo mínimo que tiene que hacer el IPS es garantizar la medicación para que no se pierda”, enfatizó.
Los manifestantes señalaron que la interrupción en la entrega de inmunosupresores y fármacos antirrechazo provoca daños irreversibles en los órganos trasplantados, obligando muchas veces a los pacientes a regresar a tratamientos de diálisis o enfrentarse a complicaciones fatales.
El abandono detrás de las rejas: crónica de un recorrido por el Zoológico de Asunción
Entre molinetes trabados, senderos interrumpidos por tierra colorada y techos de chapa carcomidos, el histórico predio de 275 hectáreas evidencia una crisis estructural. Mientras los números oficiales muestran que el 97,5 % del presupuesto se va en salarios y gastos corrientes, los animales sobreviven entre el ingenio de los voluntarios y el contraste de un único sector modelo.
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16 de noviembre de 2026 14:25
Cruzar el portón del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción (JBZA) hoy se siente menos como el inicio de un paseo familiar y más como entrar a un predio detenido en el tiempo. El recibimiento marca el tono de la jornada: el molinete de acceso ni siquiera gira; los funcionarios piden a los visitantes pasar por un costado tras abonar los Gs. 12.000 de la entrada. Con esa recaudación mínima, cuesta imaginar cómo se sostiene la alimentación diaria de decenas de especies, una duda que en redes sociales suele escalar hacia denuncias ciudadanas sobre presuntos desvíos de las frutas destinadas a los animales.
Para quienes crecimos recorriendo sus pasillos, el golpe es doble. En mi infancia, cuando mi tío Daniel Ortiz cumplía funciones dentro del zoológico y nos llevaba a acompañarlo en sus tareas, el lugar tenía otra mística.
Sin embargo, al avanzar hoy por el predio, la nostalgia choca con el deterioro: el área de cuarentena luce exactamente igual que hace décadas, congelada en el mismo cemento y en las mismas rejas.
Zoo de Asunción 2026
El recorrido evidencia la falta de mantenimiento desde el suelo. El viejo adoquinado vehicular acompaña apenas un tramo; luego, los senderos desaparecen bajo la tierra colorada y los tramos de hormigón quebrado, convirtiendo la caminata —especialmente para quienes van con cochecitos de bebé— en una carrera de obstáculos.
Zoo de Asunción 2026
La desidia alcanza incluso a la infraestructura destinada al personal: la casilla de los cuidadores presenta el marco de la puerta destrozado y cerrado con candado, una postal irónica donde pareciera que ni los propios cuidadores pueden entrar ni tienen quién los cuide.
Jaulas vacías, chapas rotas y monos en libertad
En el sector de los recintos, la precariedad salta a la vista. Varias jaulas permanecen completamente vacías. En las que aún están habitadas, la pintura abandonó las paredes hace años, los alambres se remiendan con lo que haya a mano y los techos de chapa muestran agujeros y corrosión extrema. En una de las estructuras principales, una cubierta de zinc partida deja pasar haces de luz entre hierros oxidados y una vieja rueda colgada de una soga como único elemento de recreación.
Zoo de Asunción 2026
Ningún espacio transmite bienestar. Quizás por eso, varios monos terminaron escapando de sus encierros para refugiarse en lo alto de los árboles del parque, encontrando en las copas naturales la libertad que las rejas oxidadas les niegan.
El único oasis dentro de este panorama desolador es el área de grandes felinos. Apadrinado por la Fundación Maris Llorens, el sector muestra otra realidad: recintos limpios, mantenimiento constante y atención veterinaria especializada.
El contraste expone una grieta evidente: mientras los felinos cuentan con respaldo privado, el resto de la fauna del zoológico depende de un presupuesto municipal exiguo y del pulmón solidario de los voluntarios.
La trampa financiera: 97,5 % para burocracia, 2,5 % para obras
Fundado en 1919 en la antigua finca de Carlos Antonio López, el JBZA es el principal pulmón verde de la capital, con 275 hectáreas de bosque natural y cerca de 70 especies de la fauna sudamericana y chaqueña. Ante los cuestionamientos por el estado del parque, la dirección suele sostener que los ejemplares reciben diariamente alimentos frescos, vitaminas y control veterinario, atribuyendo el deterioro exclusivamente a la falta de recursos edilicios.
Los números contables confirman esa asfixia. Aunque la Municipalidad de Asunción asigna un presupuesto global de G. 27.883.828.936 (unos USD 4,3 millones) para el complejo, el rubro de “Servicios No Personales” —de donde debe salir cada peso para reparar jaulas, arreglar cañerías, limpiar y mantener el predio— apenas recibe G. 700.000.000 al año (alrededor de USD 100.000).
Es decir, solo el 2,5 % del dinero se destina a sostener la infraestructura de 275 hectáreas. El 97,5 % restante es absorbido de manera crónica por planillas salariales, gastos corrientes y burocracia administrativa, agravado por la falta de autarquía financiera que impide al parque reinvertir directamente lo que recauda en boletería.
Un pulmón verde acorralado
Hoy, el Zoológico de Asunción sobrevive atrapado entre el peso de su propia estructura salarial y el abandono edilicio, esperando una reforma de fondo —ya sea mediante autarquía o alianzas público-privadas— antes de que el deterioro termine por apagar uno de los espacios más emblemáticos de la capital.
Zoo de Asunción 2026
Datos biométricos: “El riesgo es muchísimo más alto que perder una contraseña”
El presidente de Paraguay Ciberseguro, Miguel Ángel Gaspar, advirtió que los ciudadanos normalizan entregar información biométrica y comportamental sin garantías reales de protección. Cuestionó la falta de control del Banco Central del Paraguay y reclamó transparencia urgente sobre el resguardo de las bases de datos de más de 3 millones de paraguayos vinculadas a ueno bank.
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16 de noviembre de 2026 14:16
El colapso financiero y judicial de ueno bank volvió a poner sobre la mesa una problemática silenciosa pero de enorme gravedad: el uso masivo e indiscriminado de datos biométricos y personales en el país.
En charla con el canal GEN, el presidente de Paraguay Ciberseguro, Miguel Ángel Gaspar, alertó sobre la vulnerabilidad a la que están expuestos millones de ciudadanos tras entregarse información altamente sensible sin criterios de proporcionalidad ni controles estatales efectivos.
Sostuvo que el problema de fondo radica en que la ciudadanía normalizó ceder su biometría —como el reconocimiento facial, la voz o las huellas— para trámites cotidianos que no lo ameritan, desde acceder a un servicio financiero hasta ingresar a un gimnasio o un consultorio.
“Cuando alguien vulnera tus datos biométricos, tiene la suficiente calidad de información como para contratar productos y servicios haciéndose pasar por vos, y vas a ser vos el que tenga que demostrar después que no fuiste. Si perdés una contraseña, la cambiás y terminó el problema; con la biometría no podés cambiar tu rostro”, advirtió el especialista.
El valor oculto de los datos y la responsabilidad del BCP
Explicó que las plataformas digitales y entidades financieras no solo recolectan datos físicos, sino también información comportamental: ubicación, hábitos de consumo, horarios y preferencias. Según estudios internacionales citados por el experto, el valor promedio de los datos interconectados de un ciudadano ronda entre los US$ 200 y US$ 250, lo que sitúa el patrimonio digital de los paraguayos en más de US$ 2.000 millones.
En ese contexto, Gaspar apuntó directamente contra el Banco Central del Paraguay (BCP), ya que la banca matriz realizó un control “paupérrimo” sobre el tratamiento de datos en el sistema financiero y exigió respuestas inmediatas respecto a las bases de datos que estaban en poder del grupo empresarial intervenido.
Reclamó que el BCP o el Ministerio Público informen oficialmente en qué estado se encontraron los servidores de ueno bank, si la información fue debidamente asegurada y quiénes tuvieron acceso a ella.
Exigió además transparencia sobre cómo se están compartiendo los registros de clientes con los bancos que actualmente operan los desembolsos del Fondo de Garantía de Depósitos, aclarando que el resguardo técnico de las bases de datos no está alcanzado por el secreto bancario.
El entrevistado alertó sobre el peligro de que bases de datos con información de más de 3 millones de ciudadanos permanezcan sin supervisión rigurosa, facilitando potenciales estafas, solicitud fraudulenta de créditos o firma de contratos digitales.
Una ley debilitada y la urgencia de un debate serio
Gaspar recordó que en mayo de 2021 su organización presentó ante el Congreso Nacional un proyecto integral de protección de datos personales inspirado en estándares internacionales. Sin embargo, lamentó que la iniciativa fuera posteriormente recortada en 32 artículos fundamentales por impulso estatal, dejando al país con una normativa insuficiente frente al avance tecnológico y los abusos corporativos.
El especialista instó al Parlamento y al Poder Ejecutivo a reabrir con seriedad el debate legislativo para dotar al Paraguay de una autoridad de control independiente y sanciones efectivas que frenen la recolección abusiva de datos privados.



