Los Ministerios de del Interior y de Defensa llevan adelante un despliegue táctico que moviliza a unos 4.500 efectivos en varias regiones del país. La iniciativa busca optimizar la reacción estatal frente a delitos de gran magnitud, como lo ocurrido días atrás en sucursales bancarias de Santa Rita.
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23 de junio de 2026 16:56
El despliegue contempla la reorganización y redistribución de las capacidades tácticas de las fuerzas de seguridad, con el fin de reaccionar de manera oportuna y eficaz en situaciones de alta complejidad que atenten contra la seguridad pública.
La ejecución de este plan se fundamenta en el artículo 175 de la Constitución Nacional, así como en la Ley N.º 7280/2024 de Reforma y Modernización de la Policía Nacional y la Resolución N.º 993/2024. Estas normativas facultan a las autoridades a realizar la reestructuración institucional necesaria y a crear nuevas dependencias operativas.
Como eje central de esta reforma, la Comandancia de la Policía Nacional dictó una resolución para la creación de las Agrupaciones de Acciones Tácticas Departamentales. Estas nuevas unidades operativas pasarán a depender directamente de la Dirección de Operaciones Tácticas de la Dirección General de Prevención y Seguridad.
El área de cobertura inicial de la operación se extenderá de manera estratégica desde Caaguazú hasta Alto Paraná, abarcando también amplios sectores de los departamentos de Canindeyú, Itapúa y Caazapá.
Las autoridades estiman que unos 4.500 efectivos de las fuerzas del orden participarán activamente de las tareas de control, patrullaje y combate al delito en este cuadrante del país.
Bajo el nombre de “Responsum”, término que significa “respuesta” y que alude directamente a la reacción firme del Estado ante las amenazas delictivas, buscan consolidar un modelo de gestión preventivo.
Con este trabajo articulado entre los distintos organismos de seguridad, la meta principal es reducir drásticamente los tiempos de respuesta y desalentar de forma definitiva el avance del crimen organizado en la región.
Presentarán proyecto para validar el uso de luz diurna en rutas
El senador José Oviedo anunció que esta semana presentará un proyecto de ley que busca modificar la normativa de tránsito actual para permitir el uso de la luz diurna (DRL) de fábrica como alternativa a la luz baja obligatoria durante el día.
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23 de junio de 2026 17:50
El legislador explicó que la iniciativa responde al avance tecnológico de los vehículos modernos, los cuales ya encienden de forma automática las luces diurnas al arrancar el motor, sin necesidad de prender las luces bajas. El proyecto validará el uso de la luz diurna, siempre que venga instalada de fábrica, para evitar multas en los controles de la Patrulla Caminera.
Por el contrario, aquellos automovilistas cuyos vehículos no cuenten con la tecnología DRL de fábrica deberán continuar utilizando la luz baja tradicional, ya que no se permitirá la adaptación casera de estos sistemas.
En conversación con la radio 1080 AM, el senador Oviedo fundamentó que una intensidad de entre 400 y 800 candelas es más que suficiente para garantizar la visibilidad del rodado durante el día, advirtiendo que superar ese rango ya resulta molesto para los demás conductores.
Por otro lado, Oviedo señaló que actualmente la ley prohíbe que un empleado maneje un vehículo pequeño de la empresa si solo cuenta con una licencia de conducir particular, algo que calificó como “sin sentido”, por lo que propondrá habilitar legalmente el uso de rodados de menor porte con la categoría de conductor particular.
La propuesta también buscará establecer la obligatoriedad de que los agentes de tránsito utilicen cámaras corporales (bodycams) y que demuestren la infracción del conductor antes de labrar cualquier acta en las calles.
El parlamentario adelantó que el documento se entregará formalmente este jueves, tras realizar los últimos ajustes y sumar el respaldo con firma de varios de sus colegas.
Gobierno potencia el biodiésel local con nueva reglamentación del MIC
El Ministerio de Industria y Comercio reglamentó el aumento de la mezcla obligatoria de biodiésel en el Gasoil Tipo III, fijando un auspicioso rango de entre 8% y 10%. La medida estratégica del Gobierno impulsa con fuerza la producción nacional, protege el empleo y dinamiza la economía interna.
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23 de junio de 2026 17:35
Paraguay consolida con firmeza su camino hacia un modelo de desarrollo sostenible. En una decisión clave para el sector productivo, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) emitió la nueva reglamentación derivada de la Ley N.° 7635, la cual establece un nuevo y beneficioso esquema de mezcla obligatoria de biodiésel en el Gasoil Tipo III, fijando un rango operativo de entre 8% y 10% en volumen.
Esta normativa profundiza la integración entre el pujante sector agroindustrial y la cadena energética de nuestro país. Al potenciar el aprovechamiento de materias primas nacionales para la producción de biodiésel, el Gobierno impulsa de manera directa la generación de valor agregado dentro del territorio paraguayo, dinamizando toda la cadena productiva local.
La medida representa un hito en la política energética nacional, orientada a sustituir de forma gradual las importaciones de combustibles fósiles por opciones limpias producidas por manos paraguayas.
Este círculo no solo genera un impacto positivo al reducir la salida de divisas, también garantiza que los recursos económicos se queden en el país, reinvirtiéndose en beneficio del circuito económico interno y abriendo las puertas a nuevas e importantes inversiones.
La implementación de este nuevo esquema llega con el máximo respaldo técnico y científico tras un año de intensos trabajos. Durante el 2024, la Dirección General de Combustibles del Viceministerio de Comercio y Servicios del MIC, en una labor conjunta con el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y Petropar, llevó a cabo exitosos ensayos técnicos utilizando diferentes porcentajes de mezcla. Las pruebas, que incluyeron rangos desde el 0% hasta el 20% de biodiésel en el Gasoil Tipo III, arrojaron resultados sumamente positivos, confirmando el estricto cumplimiento de todos los parámetros de calidad establecidos en la normativa vigente.
Con 10 modernas plantas habilitadas y una capacidad instalada de 292.850 m³ anuales, el nuevo marco regulatorio inyecta una gran previsibilidad al sector industrial. Los incentivos no solo apuntan a la reactivación de plantas y la ampliación de la capacidad existente, sino que también pavimentan el camino hacia una mayor escala productiva que optimizará los costos. Así, Paraguay avanza con paso firme hacia un futuro energético eficiente, competitivo y con sello nacional.
Presidente de IPS advierte: Ley de emergencia puede ser un “peligro” sin mecanismos de control
El Dr. Isaías Fretes calificó el proyecto como una buena herramienta administrativa, pero no financiera. Alertó sobre el riesgo de otorgar amplias facultades a futuras administraciones y desnudó el millonario déficit para la compra de medicamentos. El Senado postergó el dictamen.
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23 de junio de 2026 17:00
El titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Isaías Fretes, participó este martes de la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores, donde se analiza el proyecto de Ley que busca declarar en estado de emergencia a la previsional. Si bien reconoció que la propuesta puede ser útil operativamente, plantó bandera sobre la falta de blindaje de la normativa.
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El IPS recauda poco más de un billón de guaraníes mensuales, según reporta el presidente de la previsional, de los cuales unos G. 44.000 millones se destinan a la compra de medicamentos; una cifra que queda corta frente a la necesidad real, que se estima en G. 150.000 millones cada mes.
El punto más fuerte de su exposición se centró en la transparencia. Fretes exigió que el proyecto deje bien en claro un mecanismo estricto de control. Advirtió que dar superpoderes o un marco demasiado amplio a la administración del IPS, sin los candados correspondientes, es una bomba de tiempo.
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“No sé cuánto tiempo voy a estar acá, entonces una ley que dé este tipo de amplitud puede representar un peligro si quien la administra no reúne las condiciones de transparencia necesarias”, lanzó de manera frontal.
Tras escuchar los argumentos y la cruda realidad financiera expuesta, la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta resolvió postergar temporalmente el proyecto de ley. Se acordó armar una mesa técnica entre el IPS y el Senado para meterle mano al texto, adecuar los controles y asegurar que realmente sirva a la institución sin dejar fisuras.



