Directivos del hospital de Quitilipi serán imputados por contratar a la falsa médica

La Justicia chaqueña aprieta el cerco sobre los responsables del caso de la falsa médica que operó en el hospital de Quitilipi. El fiscal Marcelo Soto confirmó que los dos ex directivos del establecimiento serán citados esta semana —miércoles o jueves— para prestar declaración en calidad de imputados.

La acusación apunta directamente a la omisión de control: según Soto, los directores contrataron los servicios de una persona que no contaba con título habilitante para ejercer la medicina, y esa negligencia derivó en consecuencias graves para la vida y la salud de varios pacientes del nosoeste chaqueño.

«Entiendo que son responsables por no haber tomado los recaudos correspondientes. En principio, no verificaron que estaban contratando los servicios de alguien que tuviera al menos el título para ejercer la medicina», aseguró el fiscal Marcelo Soto en contacto con la prensa. 

El caso presenta además un giro procesal significativo: uno de los directores ya había declarado anteriormente como testigo, pero esa declaración fue anulada una vez que la investigación determinó su posible responsabilidad en los hechos. Ahora será convocado nuevamente, esta vez con el peso de la imputación.

Ambos funcionarios ejercieron la dirección del hospital de Quitilipi durante el período en que la falsa médica prestó servicios en ese establecimiento público, lo que los coloca en el centro de la investigación sobre cómo fue posible que alguien sin credenciales accediera al plantel de salud y atendiera pacientes.

El expediente sigue su curso y las declaraciones de esta semana marcarán un momento clave en la causa. La ciudadanía chaqueña, y especialmente las familias afectadas, aguardan novedades sobre cómo la Justicia avanzará en determinar las responsabilidades penales de quienes tenían la obligación de controlar quién ingresaba al sistema sanitario.

Lidia Mabel Ojeda (43), conocida como la «Rímolo Chaqueña» se encuentra bajo prisión preventiva imputada por homicidio, usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y aborto. Utilizando la matrícula de un médico real, atendió a más de 1.200 pacientes y firmó actas de defunción en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza.

Redacción

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