El Consejo Asesor Indígena (CAI), organización de base perteneciente al Pueblo Mapuche, manifestó su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno nacional y expresó su adhesión a las distintas acciones y pronunciamientos que cuestionan la iniciativa. A través de un comunicado difundido el 3 de agosto de 2026, la organización planteó que la modificación normativa representa una amenaza para la soberanía territorial y los derechos de las comunidades originarias.
En el documento, el CAI señaló que existen fundamentos jurídicos presentados por distintas organizaciones y especialistas en la materia, pero remarcó que su postura se basa principalmente en la experiencia acumulada durante cuatro décadas de defensa territorial. “Nosotros, los que sostenemos durante cuarenta años la defensa de los territorios al que pertenecemos, territorio regado con la sangre de nuestros ancestros durante siglos buscando sostener nuestra vida como Pueblo, comentamos solo algunas cosas que nos toca soportar con esta determinación”, expresaron.
La organización recordó episodios históricos vinculados al proceso de conformación territorial del Estado argentino y sostuvo que las comunidades mapuches fueron afectadas por campañas militares, despojos y transformaciones sociales que modificaron su relación ancestral con el territorio. En ese marco, el CAI afirmó que parte de esas tierras actualmente se encuentran bajo dominio estatal o privado.
“Hace un poco más de cien años invadieron militarmente allí donde siempre estuvimos pasando a degüello a nuestras familias”, indicó el comunicado, al referirse a la denominada Campaña del Desierto. Desde el Consejo Asesor Indígena sostuvieron que aquel proceso fue acompañado por intereses económicos y políticos que derivaron en la apropiación de extensas superficies territoriales.
Según planteó la organización, las consecuencias de ese proceso histórico todavía tienen impacto en las comunidades indígenas actuales. “Nuestra gente que sobrevivió quedó dispersa, prisioneros no solo de un Estado, sino que también de una cultura, lengua, completamente distinta”, expresaron en el documento difundido.
El CAI sostuvo que el territorio ancestral mapuche, denominado Wall Mapu, actualmente se encuentra fragmentado entre tierras fiscales y propiedades privadas. En ese sentido, afirmó que las comunidades continúan reclamando reconocimiento formal sobre espacios que consideran parte de su pertenencia histórica, recurriendo a normativas nacionales e instrumentos internacionales.
“Lugares que todavía ocupamos y exigimos a los gobiernos un reconocimiento formal recurriendo a las legislaciones vigentes, leyes y pactos internacionales logrados con nuestras luchas, son negadas por los gobiernos provinciales y nacional”, señaló la organización, al cuestionar la respuesta institucional frente a los reclamos territoriales.
En otro tramo del comunicado, el CAI vinculó la discusión sobre la Ley de Tierras con la presencia de capitales privados nacionales e internacionales en distintos sectores de la Patagonia. La organización afirmó que observa una creciente intervención estatal en conflictos territoriales en favor de intereses empresariales.
“Siempre supimos del sometimiento de los gobiernos a los grandes capitales, pero hoy lo vemos en los hechos, en los conflictos en la selva, mesetas, cordilleras y las ciudades”, indicaron desde el Consejo Asesor Indígena, al describir su posición frente al actual escenario político y económico.
La entidad también cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial en conflictos relacionados con tierras. Según el CAI, existe una desigualdad entre comunidades y sectores empresariales al momento de defender derechos o intereses sobre determinados territorios.
En ese contexto, la organización afirmó que la reforma de la Ley de Tierras nacional tiene objetivos similares a modificaciones impulsadas en Río Negro durante la actual gestión provincial. “La reforma de la Ley de tierra nacional es igual en su objetivo a la reforma que Río Negro realizó en la actual administración”, sostuvo el comunicado.
El CAI también estableció una comparación histórica con la legislación vinculada a la expansión territorial del Estado argentino en el siglo XIX. “Son similares también a la que promulgó el Congreso argentino impulsando la ‘Campaña al desierto’. Lo que todavía no está, es la utilización de la fuerza. En Río Negro, sí”, expresó la organización mapuche.
Además, el Consejo Asesor Indígena cuestionó declaraciones realizadas por funcionarios nacionales y sostuvo que existe una disputa política de fondo vinculada al uso de los recursos naturales. “Entendemos que el problema es histórico y es de fondo. Es político y esencialmente ideológico”, afirmaron.
Desde el CAI señalaron que la discusión sobre la tierra no afecta únicamente a los pueblos originarios y comunidades campesinas, sino que involucra al conjunto de la sociedad. En ese sentido, remarcaron que detrás de los intereses territoriales se encuentran recursos estratégicos como el agua, el petróleo y minerales considerados de importancia económica.
“Es verdad que nos toca estar al frente, pero para lograr su objetivo que son el agua, petróleo, minerales de valor estratégico, buscan desmovilizar al pueblo en su conjunto”, sostuvo la organización, al plantear su mirada sobre el impacto social de las políticas territoriales.
Finalmente, el Consejo Asesor Indígena ratificó su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras Nacional y convocó a un debate social sobre el modelo de desarrollo y la relación entre el Estado, las comunidades y el territorio. “Este intento por parte de los que tienen el poder, es solo un punto que el pueblo, los pueblos, debemos buscar la forma de analizar y encontrar el camino a una forma de relacionarnos, evitando cualquier tipo de sometimiento”, concluyó el comunicado, firmado desde Curru Leufu, Río Negro, Puel Mapu, Argentina.
