Medio país estaba siguiendo en vivo a través de los canales de noticias la insólita conferencia de prensa del fiscal Raúl Garzón que incluyó una larga ilustración hacia los periodistas para advertirles sobre el tono y tenor de las preguntas. En la conferencia hasta llegó a pedir una medalla para el perro que encontró los restos desmembrados de Agostina Vega. “Sólo le faltó pedir un aplauso para la policía”, dijo un funcionario provincial en off y todavía perplejo por lo que acababa de ver.
La organización de la rueda de prensa se hizo a las apuradas ante la necesidad de salir a responder por la cobertura en vivo que se sostenía desde el miércoles con los cronistas porteños. Una buena práctica hubiera indicado poner a la víctima en el centro de la consideración, empatizando con el dolor de la familia y la conmoción social. Nunca se debió resaltar la labor de la policía que hizo lo que se exigía en el marco de la búsqueda. Mencionar que se había designado un abogado del Niño para defender los derechos de Agostina fue casi ofensivo: “Designar un abogado a una adolescente fallecida es seguir exponiendola (…) para ejercer cualquier derecho la persona debe estar con vida”, dijo Vanina Lamberti que en su momento impulsó la ley que creó esa figura.
Pero entre los que no estaban pendientes de las noticias se cuenta al Fiscal General de la Provincia que, a pesar del estrépito nacional que rodeó al femicidio, siguió disfrutando sus vacaciones en un hotel all inclusive de República Dominicana. Carlos Lezcano asumió el cargo el 1 de abril y antes de cumplir dos meses como jefe de los fiscales y del diseño de la política de persecución criminal se tomó vacaciones adeudadas y en medio del año laboral disfrutó de las cálidas playas del Caribe. Es válido que pueda descansar pero es demasiado importante su función como para abandonarla fuera del extenso período de feria del que disponen los magistrados en julio y durante todo enero. “Más casta no se consigue”, dijo el informante cerrando el envío de WhatsApp con el dato.
Desde el Panal interpretan que la semana que pasó fue para el olvido. Esperaban algarabía por el campeonato de Belgrano, entusiasmo por el TC que se corrió en el Cabalén ante 45.000 espectadores y euforia premundialista pero se encontraron con la sobre exposición informativa nacional que provocan los canales de noticias cuando se suben a una ola. Los intentos de Garzón por clausurar la narrativa alrededor del caso fueron infructuosos y sólo provocaron más indignación por el tono autoritario, poco empático y alejado de lo que indican todos los manuales de gestión de crisis. Un consultor político especializado en el tema señalaba en caliente el sábado por la noche que la conferencia “es una pieza para estudiar porque es todo lo que no hay que hacer en estos casos”.
Mientras tanto el cordobesismo comenzó a aplicar el molde típico para hacer control de daños: recibió a los abuelos de la adolescente asesinada, ratificó en el cargo al Ministro de Seguridad (echar a algún funcionario sería admitir errores anteriores) y mandó a los legisladores a prepararse para la embestida opositora que no se hizo esperar y ya tuvo su conferencia grupal pidiendo el jury para Garzón y para el fiscal Iván Rodríguez que en mayo del año pasado detuvo a Barrelier por privación ilegítima de la libertad aunque lo liberó a los 20 días a pesar de que la causa sigue abierta.
Mucho más que un caso policial
Aunque desde el Centro Cívico insisten en el profesionalismo desplegado por la policía y la disposición de recursos técnicos y humanos para resolver el caso y un aspecto de la conversación social que no se despeja con el manual clásico. Uno de los ejes de ese diálogo colectivo circula alrededor de los vínculos políticos que tenía el imputado con el abogado penalista Ricardo Moreno que lo defendió en la causa que tuvo el año pasado y que ahora lo hizo con su yerno Jorge Del Bianco. Moreno es concejal de la ciudad y máximo referente de Las 62 Organizaciones local, el brazo político del sindicalismo que supo formar Lorenzo Miguel en los años ‘70. Hace apenas dos meses atrás el gobernador Llaryora presidió un acto junto al penalista y los sindicatos.
Fue durante la intendencia del sanfrancisqueño que Barrelier ingresó como becario en la Municipalidad y en la gestión de Daniel Passerini fue pasado a planta de contratado. Para colmo de males en un audio que Moreno le mandó a un grupo de Las 62 dice que “hice entrar a 500 y no me voy a hacer cargo por uno que se mandó un moco”. La gira mediática que el concejal hizo ayer por todos los medios justificándose causó mucho revuelo en el seno del gobierno porque, además, la oposición puso la lupa en el cargo que ocupa su hija en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales donde es Secretaria de Articulación Territorial. Un capítulo al margen es lo que puede pasar con el fiscal Iván Rodríguez que tramita aun una de las causas contra Barrelier y que ordenó su liberación en aquel momento y por eso también está fuertemente cuestionado. “Debió ser una luz de alarma”, dijo Juan Pablo Quinteros cuando le preguntaron por el antecedente. En la primera quincena de junio estaba prevista la jura de los miembros de la nueva Procuración Penitenciaria que será liderada por la ex fiscal adjunta Bettina Croppi donde Rodríguez será procurador adjunto en un cargo vitalicio y con un sueldo equivalente al de un vocal del TSJ.
Un legislador oficialista decía por lo bajo, el lunes bien temprano, mientras hacía balance de los hechos: “No nos entra un quilombo más” parafraseando a Sergio Massa a fines del 2023.
El desgaste silencioso de Milei y la espera calculada de Llaryora
