El concejal de General Rodríguez Javier Tarragona solicitó licencia luego de que trascendiera una denuncia judicial impulsada por su propio espacio político en la que se lo menciona por presuntos vínculos con una organización dedicada a la venta de drogas a pequeña escala en el distrito. El reemplazo es Sebastián Piccardo, quien se desempeñaba como secretario de Prensa del gobierno municipal.
La presentación fue radicada por el secretario municipal de Seguridad, Justicia y Política Criminal, Nicolás Rappazzo, ante la Unidad Funcional de Instrucción N.º 12 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, especializada en delitos relacionados con el narcotráfico.
En la sesión, el cuerpo aprobó el pedido de licencia presentado por Tarragona, quien decidió apartarse temporalmente de su función legislativa hasta tanto se esclarezca judicialmente la situación que motivó la denuncia.
“No pretendo que mi condición de concejal sea utilizada, siquiera retóricamente, para insinuar privilegios, interferencias o condicionamientos institucionales. No pretendo ampararme en mi función pública”, señala en su carta de pedido de licencia, acción al que definió como “un acto de responsabilidad institucional y de respeto hacia la Justicia”.
El concejal también buscó despegar de la denuncia al resto de las instituciones y funcionarios del gobierno municipal. Tarragona integra actualmente el bloque de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante y llegó a ocupar una banca en 2023. Además, mantiene un vínculo con el intendente Mauro García hace varios años cuando el actual intendente asumió en diciembre de 2019, y aquél fue designado como secretario privado, uno de los cargos de mayor cercanía con el jefe comunal.
De acuerdo con la información difundida, el planteo se habría originado en datos proporcionados por un vecino que pidió mantener su identidad en reserva ante el temor de sufrir represalias.
El contenido de la denuncia deberá ser analizado por la Justicia. Hasta el momento, las acusaciones no fueron acreditadas y no existe una responsabilidad penal determinada contra el edil.
