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El cuerpo legislativo municipal analiza un proyecto que reformaría el sistema de estacionamiento medido y transformaría el rol de los cuidacoches en la ciudad. La iniciativa divide al bloque opositor y genera cruces entre quienes la defienden como un paso hacia la transparencia y quienes la califican de «impuestazo» y criminalización de la pobreza.
Qué propone la reforma
El proyecto en debate modifica tres ordenanzas vigentes, la 10.425, la 10.804 y la 12.468, y plantea una transformación profunda del sistema de estacionamiento medido. El cambio más visible para el vecino es la prohibición del cobro en efectivo: todos los pagos deberán realizarse a través de la aplicación municipal SEM, códigos QR u otros medios digitales.
Además, los cuidacoches autorizados dejarían de llamarse «naranjitas» para pasar a denominarse «constatadores». Su función ya no sería cobrar, sino verificar si el conductor inició el estacionamiento de manera digital y reportar incumplimientos a la autoridad competente, sin ejercer funciones de control policial.
La prestación del servicio quedaría en manos de cooperativas de trabajo legalmente constituidas, que administrarían el 80% de lo recaudado, mientras el 20% restante iría a las arcas municipales.
La normativa fija tarifas ancladas al precio del combustible para garantizar su actualización automática. La tarifa ordinaria equivaldría al 60% del valor de un litro de nafta de mayor octanaje, mientras que en eventos masivos ese porcentaje ascendería al 100%.
El sistema regiría de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados de 8 a 14. Los domingos, feriados y fuera de esos horarios el estacionamiento sería gratuito, salvo en ocasión de eventos masivos. El Parque Sarmiento mantendría su gratuidad total todos los días.
El oficialismo defiende la medida
Desde el bloque oficialista, el concejal oficialista Marcos Vázquez fue uno de los más enfáticos al defender la iniciativa. El vicepresidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba sostiene que la ordenanza «busca más orden, más control, más convivencia y más dignidad», y agregó que «las ciudades no se construyen expulsando personas, se construyen integrando, estableciendo reglas claras, generando mecanismos de control que que permitan vivirla mejor.
Por último, advirtió sobre las consecuencias de la ausencia del Estado: «Cuando el Estado se corre completamente lo que aparece no es libertad, aparece desorden, conflicto e informalidad.»
La reforma también contempla sanciones para quienes operen fuera del sistema, multas, trabajo comunitario, arresto y prohibición de concurrencia en la zona donde se cometió la infracción, y propone articular con la Universidad Nacional de Córdoba capacitaciones en oficios como gasista, plomero o electricista, con el objetivo de que la actividad de cuidacoches no sea un destino permanente.
El Frente Cívico acompaña, pero con reparos
El Frente Cívico decidió respaldar el proyecto, aunque con condicionamientos. Martín Juez justificó su postura en la necesidad de proteger a las 379 familias de cooperativas que, según sus propias palabras, «hacen las cosas bien».
Sin embargo, el hijo del tradicional político responsabilizó tanto al gobierno provincial como al municipal por el clima de conflicto que hoy existe en torno a esta actividad, al que atribuyeron a 25 años de falta de control y estigmatización de los trabajadores. Finalmente advirtió que «si el ejecutivo municipal y provincial no tiene ganas de controlar esta ordenanza que tiene un montón de buenas intenciones, de nada va a servir«
La oposición, dividida entre el escepticismo y el rechazo
La oposición no habla con una sola voz. Mientras algunos bloques cuestionan la efectividad real de la ordenanza, otros la rechazan de plano.
El PRO y la UCR se mostraron escépticos. Para estos sectores, la iniciativa sería un «maquillaje» que otorga al Ejecutivo demasiada discrecionalidad para definir zonas de estacionamiento y elegir cooperativas sin criterios claros.
El cuestionamiento también apunta a la inacción histórica: varios concejales preguntaron por qué el municipio no ejerció su poder de policía con las normas que ya existían, y sugirieron que fue una ley provincial la que forzó este debate de manera apresurada.
El rechazo más enérgico provino del FIT, que calificó la reforma de «impuestazo» y advirtió que la expansión del estacionamiento medido podría pasar de las 400 cuadras actuales a más de 1.000, incorporando nuevas avenidas y zonas comerciales. El concejal Cintia Frencia cuestionó además el modelo laboral que propone la ordenanza:
«Van a convertir en un ejército de trabajadores precarizados que recaudan para el municipio… en lugar de constatadores, pongámosle el nombre de recaudadores.»
Por su parte, desde el bloque libertario, la concejal Jessica Rovetto Yapur expresó su rechazo al proyecto: «Es un cheque en blanco para que el ejecutivo pueda hacer y deshacer a su antojo. No sabemos con claridad cómo se van a administrar los fondos, qué controles existirán, quién va a auditar, qué responsabilidades va a tener la municipalidad, qué cooperativas van a poder operar este nuevo sistema».
