El Congreso de Guatemala volvió a colocar en el centro de su agenda las reformas al IUSI, el Impuesto Único Sobre Inmuebles, con una discusión prevista para el lunes 27 de julio en la instancia de jefes de bloque y la posibilidad de que el asunto llegue al pleno en una sesión extraordinaria convocada para el 29 de julio, en medio de negociaciones para definir si el cambio será una derogación total o una reducción del cobro.
La discusión involucra a los 16 bloques legislativos, que analizan ocho enmiendas para modificar la ley. Entre los cambios en estudio figura una rebaja del pago a 3 por mil para las viviendas destinadas a residencia y una exoneración para las personas mayores de 65 años que demuestren que el inmueble ha sido su residencia durante cinco años.
El presidente del Congreso Luis Contreras dijo que el lunes 27, a las 09:00, se realizará una reunión de jefes de bloque para cerrar los arreglos necesarios.
Según sus declaraciones, si en ese encuentro logran un acuerdo suficiente, el IUSI será incluido en la agenda de la plenaria extraordinaria del 29 de julio.
La intención de llevar el tema al pleno coincide con conversaciones entre diputados que anticipan que la aprobación de una disminución en el pago del tributo podría concretarse durante una de las sesiones extraordinarias convocadas para la última semana de julio.
El debate no está cerrado: dentro del Congreso conviven propuestas de reducción, reforma profunda y eliminación completa.
Uno de los sectores que empuja con más fuerza la derogación integral es la bancada Todos. El diputado Felipe Alejos sostuvo que para su bloque la salida debe ser la eliminación total del impuesto, al que definió como un cobro abusivo e inconstitucional.
Alejos argumentó que el IUSI limita a los guatemaltecos para sostener gastos básicos vinculados con vivienda, medicinas, salud, educación y vestimenta.
También afirmó que existen municipalidades que, según su planteamiento, actúan de forma abusiva cuando una persona no paga el impuesto y generan obstáculos al momento de vender una propiedad.
En su intervención, el legislador insistió en que el pago se mantiene de por vida sobre un bien ya adquirido y lo ilustró con un ejemplo extremo: señaló que incluso un panteón con título de propiedad queda sujeto al tributo.
“Aquí hay que pagar el IUSI hasta cuando uno se muere también”, expresó. El diputado añadió que su bancada presentará una moción para que la derogación total sea votada y descartó que esta discusión altere otros consensos que impulsa la junta directiva del Congreso.
La bancada VOS, con figuras como José Chic, también se ha pronunciado a favor de eliminar o reformar de manera profunda el impuesto. Desde ese bloque han impulsado acciones legislativas para frenar cobros que consideran abusivos y para devolver prioridad al debate dentro del Congreso.
Esa bancada denunció que la eliminación del tributo fue “engavetada” por intereses de algunos alcaldes y diputados. Su posición política parte de la idea de que pagar de manera vitalicia por una propiedad ya comprada resulta injusto y afecta la economía de las familias.
La bancada CABAL expresó en redes sociales que mantiene firme su postura de eliminar el cobro del IUSI y que espera reunir los consensos necesarios para lograr la derogatoria. Esa posición coincide con el clima de conversaciones entre bloques que buscan un texto capaz de reunir mayoría.
El diputado Julio Héctor Estrada, de CABAL y presidente de la comisión de finanzas del Congreso, indicó que actualmente se discuten enmiendas para que la propuesta sea simple y pueda convertirse en una ley integral. Su planteamiento apunta a que el proyecto final tenga el respaldo de la mayor cantidad posible de diputados.
La negociación, por tanto, no solo se concentra en si el impuesto debe desaparecer o bajar, sino también en la forma técnica de redactar la norma. El objetivo que varios legisladores mencionan es llegar al pleno con un texto lo bastante consensuado para evitar que el tema vuelva a quedar relegado.
El eje más concreto de las reformas en discusión es la reducción del tributo que pagan las viviendas de uso residencial. La propuesta de fijarlo en 3 por mil marca una diferencia frente a la exigencia de algunos bloques que quieren la supresión completa del impuesto.
Otro punto ya identificado en la discusión es la exención para adultos mayores. La medida beneficiaría a personas de más de 65 años que acrediten haber residido en el inmueble durante cinco años, lo que orienta la reforma hacia casos de vivienda habitual y no hacia propiedades con otro destino.
