El fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó en contra del pedido de detención de Manuel Adorni formulado por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, al considerar que no existen elementos objetivos que justifiquen una medida de coerción.
En un extenso dictamen, sostuvo que el ex jefe de Gabinete tiene suficiente arraigo, descartó que haya intentado obstaculizar la investigación y, al mismo tiempo, ordenó una nueva serie de medidas de prueba para profundizar el análisis de su patrimonio, entre ellas requerimientos sobre sus movimientos con criptomonedas, inmuebles y compras realizadas mediante plataformas digitales.
Las razones por las que el fiscal rechazó la detención de Adorni
“Conforme a la opinión de este Ministerio Público Fiscal, no correspondería hacer lugar a las solicitudes efectuadas en autos”, afirmó Pollicita al analizar los pedidos de prisión preventiva y, en subsidio, de prohibición de salida del país.
El fiscal explicó que Adorni “posee bienes en el país, domicilio determinado y un lugar de residencia habitual donde se asienta su núcleo familiar”, circunstancias que “permiten tener por acreditado un arraigo suficiente”. Además, señaló que no registra antecedentes penales y destacó que durante toda la investigación compareció a través de su defensa técnica, que participó de las medidas de prueba sin generar dilaciones.
También rechazó que exista riesgo de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, sostuvo que las conversaciones mantenidas por Adorni con un testigo, el contratista Matías Tabar, “no constituyeron un entorpecimiento de la investigación” y remarcó que no surgió evidencia de que hubiera modificado pruebas o influido sobre las declaraciones.
“Las circunstancias relatadas (…) permiten sostener fundada y razonablemente la inexistencia de parámetros objetivos que configuren un peligro cierto de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación”, concluyó.
Pollicita descartó que los mensajes intercambiados entre Adorni y el testigo Matías Tabar justifiquen una medida de coerción. “No considero que las conversaciones mantenidas por ADORNI con Matías TABAR hayan constituido un entorpecimiento de la investigación”, afirmó el fiscal.
El representante del Ministerio Público agregó que “de los propios dichos vertidos por el testigo no se advierte que haya existido una modificación de elementos de prueba o que el investigado haya influido en la declaración del testigo”, quien además “no refirió haberse sentido hostigado o amenazado a raíz de los mensajes intercambiados”.
Incluso extendió esa valoración al resto de las declaraciones incorporadas durante la instrucción.
Según sostuvo, los demás testigos “aportaron elementos que han sido valorados en la instrucción a la hora de disponer nuevas medidas de prueba”, por lo que concluyó que no existen “parámetros objetivos que configuren un peligro cierto de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación”.
En cambio se inclinó por notificar que cada vez que quiera salir del país, Adorni deberá pedir autorización , y el planteo será debidamente analizado.
Nuevas medidas
Uno de los principales nuevos pedidos del fiscal está dirigido a Binance. Luego de recibir un primer informe, el fiscal requirió que la empresa detalle los ingresos de activos registrados en la cuenta asignada a Adorni desde su apertura, el 23 de junio de 2020, hasta el 31 de mayo de 2021. El oficio fue canalizado a través de la División Antifraude de la Policía Federal.
También solicitó una ampliación del informe remitido por Lemon para reconstruir la actividad completa de la cuenta del ex funcionario entre enero de 2020 y diciembre de 2022.
El requerimiento incluye el historial íntegro de movimientos en pesos, moneda extranjera y criptoactivos, depósitos, retiros, compras, ventas, conversiones, transferencias, saldos, tenencias, wallets, cuentas de origen y destino, datos de las contrapartes e incluso el detalle de las operaciones registradas en blockchain con sus respectivos hash de transacción.
En paralelo, Pollicita pidió al Gobierno porteño que informe si fueron abonadas las cuotas del ABL de dos inmuebles vinculados a la investigación y, en caso afirmativo, que identifique quién efectuó los pagos y por qué medio se realizaron.
Otra de las medidas apunta a una compra realizada a través de Mercado Libre. A partir de la declaración testimonial de Luis Enrique Alujú, el fiscal solicitó a la empresa que informe
Además, dispuso incorporar al expediente las videograbaciones y registros de audio de las últimas declaraciones testimoniales para que sean agregadas formalmente a la causa.
Las nuevas medidas fueron requeridas ayer por el fiscal.
