La medida busca que aerolíneas, la ANAC, EANA y las cámaras del sector elaboren, antes del 1° de diciembre, un documento de recomendaciones para dar más transparencia y previsibilidad a la definición de esos cargos.
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La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía creó una mesa de trabajo conjunta para analizar y proponer mecanismos que fortalezcan la transparencia, la previsibilidad y la participación de los usuarios en la definición de las tasas y cargos aeroportuarios y de navegación aérea. La medida se oficializó a través de la Resolución 72/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich.
Según los fundamentos de la resolución, el objetivo es que durante 2026 se desarrolle un proceso de trabajo técnico y participativo que permita elaborar una propuesta consensuada de recomendaciones para reglamentar e implementar un proceso consultivo en las decisiones sobre tasas y cargos aplicables a la aviación comercial. La norma toma como referencia los principios del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscripto en Chicago en 1944, y distintos documentos técnicos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre tasas y derechos por servicios aeroportuarios y de navegación aérea.
La mesa de trabajo funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte y estará coordinada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo. La integrarán la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), ambas bajo la órbita de esa Secretaría, además de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA), las líneas aéreas que operen en el país y todo organismo competente en la materia.
La resolución fija como plazo el 1° de diciembre de 2026 para que la mesa eleve a la Secretaría de Transporte el documento final de recomendaciones, un plazo que podrá prorrogarse automáticamente por 30 días hábiles. Según el texto, esas recomendaciones tendrán carácter técnico y serán giradas a las autoridades competentes para su evaluación y eventual adopción. La medida, aclara la resolución, no implica erogación presupuestaria para el Estado nacional.
