El Gobierno de Guatemala inició la fase cero para definir un nuevo aeropuerto internacional que complemente y, a mediano plazo, sustituya buena parte de las operaciones de La Aurora, una decisión ligada al crecimiento del tráfico aéreo y a las limitaciones físicas de la terminal actual.
El punto de partida del proyecto es una evaluación de ubicación, características técnicas y viabilidad dentro de la tercera fase del Plan Maestro del Sistema Aeroportuario Nacional, una estrategia presentada en 2024 con horizonte hasta 2044. La necesidad se apoya en un dato operativo: La Aurora ya moviliza más de cinco millones de pasajeros al año y registra un crecimiento superior al 10% anual.
El viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Fernando Suriano explicó a medios de comunicación en Guatemala que, el proceso se desarrolla en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Turismo para identificar el sitio más adecuado para la nueva terminal aérea.
Según el funcionario, la Costa Sur aparece como la alternativa más favorable por sus condiciones topográficas y operativas, aunque la ubicación definitiva dependerá de estudios especializados.
La definición oficial responde a una restricción concreta en el sistema aeroportuario del país. Suriano indicó que el Aeropuerto Internacional La Aurora, rodeado por el crecimiento urbano de la capital, carece de espacio para una ampliación de gran escala y que las características de su pista harán que alcance su límite operativo en los próximos años.
La opción de construir un aeropuerto internacional en la Costa Sur no es nueva. El funcionario recordó que desde la década de 1970 se había planteado la posibilidad de desarrollarlo en Masagua, en el departamento de Escuintla, pero el crecimiento urbano y los cambios en el uso del suelo obligan ahora a una nueva evaluación técnica.
La Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC desarrolla los estudios que deben determinar si esa región puede albergar la nueva infraestructura. Suriano sostuvo durante una entrevista: “El crecimiento del tráfico aéreo exige planificar desde ahora una solución de largo plazo”.
La nueva terminal está concebida para ampliar la capacidad aeroportuaria nacional y responder al aumento de la demanda aérea. Si el proyecto se concreta, Guatemala sumará un nuevo aeropuerto internacional dentro de un esquema pensado para complementar la operación actual y absorber, con el tiempo, parte importante del movimiento que hoy concentra La Aurora.
De acuerdo con la explicación del viceministro, la fase cero integra la tercera etapa del plan de recuperación del sistema aeroportuario nacional. Antes de este punto, el Gobierno impulsó un diagnóstico general del estado y funcionamiento de los aeropuertos del país y luego avanzó hacia una segunda fase enfocada en rescate y reconstrucción de terminales aéreas, trabajos que continúan en ejecución.
En agosto de 2024, Suriano presentó el Diagnóstico y Prospectiva del Estado y Funcionamiento del Sistema Aeroportuario Nacional, un documento que evaluó las condiciones de la red aeroportuaria y trazó una hoja de ruta para modernizar la infraestructura aérea. A partir de ese insumo, el Ejecutivo pasó a una etapa de mejoras operativas, adquisición de equipo e intervenciones en infraestructura.
La nueva fase busca dar el siguiente paso: planificar una terminal internacional con capacidad suficiente para atender el crecimiento del tráfico aéreo y aliviar la concentración operativa en La Aurora. El planteamiento oficial es que esa infraestructura pueda complementar la terminal actual y asumir, en el mediano plazo, una parte sustancial de sus operaciones.
Suriano informó que el Ejecutivo prepara una iniciativa de ley para fortalecer el marco jurídico que permita atraer inversión privada en infraestructura aeroportuaria. La propuesta está en análisis en el Ministerio de Finanzas Públicas y después será trasladada al Congreso de la República.
Según el viceministro, ya existe interés de inversionistas nacionales y de empresas de Japón y Canadá. El esquema previsto reserva al Estado la definición de reglas, la supervisión del proyecto y la garantía de cumplimiento normativo, mientras que la construcción y la operación se desarrollarían mediante capital privado.
