A través del Decreto 253/2026, el Poder Ejecutivo Nacional ha formalizado la delegación de facultades a las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz para que asuman la administración y mantenimiento de tramos de rutas nacionales en sus respectivos territorios.
Esta medida permite que las jurisdicciones locales gestionen la reparación, ampliación y conservación de la infraestructura vial mediante el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje a sociedades privadas, mixtas o entes públicos. Es fundamental señalar que esta disposición no conlleva la transferencia del dominio público ni de la jurisdicción federal, por lo que los caminos continuarán bajo la titularidad exclusiva del Estado Nacional.
Para la ejecución de estas facultades, cada provincia debe suscribir convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad con el fin de identificar los tramos específicos y establecer los regímenes de auditoría correspondientes. Tras la aprobación de estos acuerdos por parte de la Secretaría de Transporte, las provincias contarán con un plazo máximo de un año para iniciar los procesos de licitación, mientras que las concesiones resultantes no podrán superar un periodo de treinta años.
El decreto establece condiciones estrictas para el manejo de los recursos, determinando que los fondos obtenidos por el cobro de peaje deben destinarse únicamente a la inversión en el tramo concesionado, quedando prohibida su aplicación en obras de otra naturaleza.
Asimismo, el Ministerio de Economía oficiará como autoridad de aplicación, y la Dirección Nacional de Vialidad mantendrá la supervisión técnica para garantizar que la gestión provincial no comprometa la integridad del sistema vial nacional. Por último, se contempla que otras jurisdicciones, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puedan solicitar su incorporación a este esquema de descentralización mediante una presentación ante el Ministerio del Interior.
