Por la redacción de Vive CABA
En medio de una fuerte tensión legislativa y social en torno al sostenimiento de las prestaciones básicas, el Poder Ejecutivo nacional presentó un proyecto propio vinculado al área de discapacidad. La jugada oficialista busca encauzar una discusión caliente que incluyó vetos, judicializaciones y la reciente prórroga de la emergencia impulsada por los bloques opositores en el Congreso. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, la iniciativa generó profundas suspicacias en el arco parlamentario opositor.
Los puntos centrales del proyecto oficial
La propuesta del Ejecutivo intenta recuperar parte de los ejes que habían sido materia de disputa tras las decisiones de la administración de Javier Milei. Entre sus puntos destacados, el texto contempla:
- Auditorías y cruce de datos: Se establece la creación de un sistema de fiscalización periódica mediante el cruce de bases de datos de organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio de «debido proceso inclusivo» —una sugerencia aportada originalmente por sectores del PRO—.
- Plazos y exigencias: Ante la presentación oficial, los bloques opositores endurecieron sus posturas de control; por ejemplo, desde la UCR se exigió que la nueva normativa entre en vigencia en un plazo perentorio de 30 días.
La desconfianza opositora y el trasfondo parlamentario
A pesar de que el oficialismo busca mostrar una alternativa legislativa, la recepción en el Congreso estuvo cruzada por la desconfianza. Los bloques que previamente habían impulsado la prórroga de la emergencia en discapacidad salieron al cruce con cuestionamientos políticos y técnicos:
- La crítica a la gestión de la norma: Desde la oposición advierten que el Ejecutivo «no quiso cumplir con la norma vigente» y señalan una contradicción de origen entre los recortes aplicados en el sector y la repentina presentación de este nuevo marco regulatorio.
- El reclamo por el Presupuesto 2027: En este escenario de tironeo, los legisladores opositores endurecieron su postura y reclaman formalmente que el Gobierno retire el capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, al considerar que contradice los supuestos beneficios de la nueva iniciativa y mantiene bajo presión los recursos destinados al área.
La discusión promete un debate áspero en el recinto, donde la oposición buscará condicionar los tiempos de implementación y blindar las partidas presupuestarias en un sector sumamente sensible de la asistencia social.
