El Gobierno nacional formalizó este martes el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa estatal que provee agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía.
Estado pondrá en el mercado hasta el 90% de las acciones de AySA.
- Al menos el 51% será transferido a un operador estratégico mediante una licitación pública, nacional e internacional.
- El resto de las acciones se colocará en la Bolsa de Comercio, para diversificar la participación accionaria.
- El plazo límite para concretar la operación será de ocho meses, con abril de 2026 como fecha tope.
El proceso estará a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que deberá contratar un banco público para realizar la valuación de las acciones.
La Secretaría de Obras Públicas supervisará los aspectos técnicos y contractuales, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.
Además, el Gobierno confirmó la asistencia de la Corporación Financiera Internacional (CFI), organismo dependiente del Banco Mundial, que colaborará en el diseño y estructuración de la licitación.
Desde el Poder Ejecutivo se sostiene que AySA representa una carga fiscal insostenible: desde su reestatización en 2006, demandó aportes del Tesoro por más de 13.400 millones de dólares, sin mejoras estructurales acordes.
La privatización se plantea como un mecanismo para modernizar la infraestructura, atraer inversiones privadas y reducir el gasto estatal, en un contexto de fuerte ajuste económico.
