En el marco de las jornadas de lucha de las universidades públicas, que incluyen paros, movilizaciones, actividades y clases públicas para visibilizar la necesidad de aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025, el vicerrector ejecutivo de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Mag. Gustavo Duek, analizó la situación de las instituciones en la radio abierta de Radio Universidad.
En este sentido, Duek explicó que el conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional se basa en distintas aristas que, en definitiva, afectan el normal funcionamiento de los establecimientos y perjudican a sus trabajadores, sean docentes o nodocentes.
“Desde el Gobierno hay una posición ideológica clara: no creen en la educación pública. A través de distintas expresiones, aseguraron que la universidad pública adoctrina, utiliza recursos de manera ineficiente y no se deja auditar, lo que no es cierto. Esta posición del Ejecutivo se basa en el desconocimiento: no saben cómo funcionan las universidades”, explicó.
Asimismo, indicó que, en este debate ideológico, los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación realizaron cinco tratamientos de la Ley de Financiamiento Universitario y, finalmente, la aprobaron e insistieron con mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras. “No se trata de un aumento, sino de actualizar el financiamiento de diciembre de 2023, cuando asumió el Gobierno actual. La aplicación de la normativa fue ratificada por la Justicia, pero el Ejecutivo sigue incumpliendo”, denunció.
Las consecuencias del desfinanciamiento
Sin la plena aplicación de la normativa, el vicerrector ejecutivo de la UNLaM lamentó que, al cumplirse 30 meses de desfinanciamiento, hubo renuncias de docentes, jubilaciones anticipadas por temor al cambio de régimen, falta de dinero para las actividades diarias de las instituciones y empobrecimiento de las becas destinadas a los alumnos.
“El Gobierno tampoco cumplió con las paritarias y los aumentos que hubo en estos 30 meses fueron unilaterales y, en su gran mayoría, estuvieron muy por debajo de la inflación. Con la ley ya aprobada y una manifestación clara del Congreso, los salarios perdieron aproximadamente un 18 por ciento más de su valor. Hoy, un titular con el máximo cargo y 20 o 25 años de trayectoria cobra un sueldo por debajo de la línea de pobreza. Ni hablar de los empleados nodocentes”, alertó.
El futuro de la lucha de la universidad pública
Según Duek, el conflicto tiene una solución posible: con la implementación de la normativa. “Si el Gobierno quiere debatir los gastos y la efectividad de los graduados de las universidades públicas, representantes de todas las casas de altos estudios estarán dispuestos a ello. La historia argentina demostró que los profesionales de estas instituciones son de un alto nivel, pero las autoridades nacionales creen que la educación es un servicio más, un producto”, indicó.
Por último, expresó su confianza en que la Corte Suprema se expida para que la Ley de Financiamiento Universitario sea una realidad efectiva. “Con la normativa en funcionamiento, también necesitamos que el Gobierno abra un espacio de diálogo real para tratar las problemáticas de las universidades”, cerró.
