Tras varios días de tensión interna por la decisión de Patricia Bullrich de rechazar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, el Gobierno convocará la próxima semana a una nueva reunión de mesa política para coordinar la estrategia parlamentaria y mostrar una señal de unidad dentro de La Libertad Avanza. El encuentro se realizará luego de que la senadora pusiera a disposición su renuncia como presidenta del bloque oficialista en el Senado, aunque Javier Milei rechazó esa posibilidad.
La convocatoria se realizará después de la sesión prevista para este jueves en la Cámara alta y tendrá como objetivo principal revisar el escenario legislativo, ordenar los poroteos para las próximas votaciones y definir el cronograma de reformas que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso durante junio.
En la Casa Rosada sostienen que estas reuniones forman parte de una dinámica habitual de trabajo, aunque admiten que esta edición tendrá un componente político adicional: mostrar cohesión interna después de los desacuerdos que generó la postura de Bullrich sobre el pliego de Michelli.
La presidenta del bloque oficialista en el Senado se reunió este miércoles con Karina Milei en la Casa Rosada, en un encuentro que fue interpretado dentro del oficialismo como un gesto para descomprimir el conflicto. Desde el entorno presidencial buscaron bajar el tono de la discusión y transmitir una señal de normalidad política. “Paz y amor. Nadie va a romper nada”, resumieron fuentes del Gobierno tras la reunión.
La imagen difundida posteriormente buscó reforzar esa señal de unidad luego de que trascendiera que Bullrich había puesto a disposición del Presidente su renuncia a la conducción del bloque oficialista en la Cámara alta, tras manifestar su desacuerdo con la decisión de retirar la candidatura judicial. El propio Milei desestimó esa posibilidad y ratificó la continuidad de la senadora al frente de la bancada.
En Balcarce 50 aseguran que no existe riesgo de fractura dentro de La Libertad Avanza y que la estrategia será evitar una confrontación pública con Bullrich, a quien consideran una figura relevante para sostener los acuerdos parlamentarios con sectores aliados. La reunión también servirá para ordenar la agenda legislativa inmediata. El oficialismo tiene expectativas puestas en la sesión del Senado de este jueves y en una futura sesión amplia en Diputados hacia fines de junio.
Entre las prioridades aparecen el denominado Súper RIGI, la ley de lobby y el tratamiento del acuerdo con holdouts, iniciativas que el Gobierno considera centrales para la próxima etapa de gestión. En el caso del acuerdo con los fondos acreedores, en la Casa Rosada remarcan que necesita aprobación legislativa antes del 30 de junio para avanzar con compromisos asumidos en el exterior y evitar nuevos inconvenientes judiciales.
En paralelo, el Ejecutivo trabaja sobre un nuevo paquete de desregulación impulsado por Federico Sturzenegger, que incluiría modificaciones vinculadas al cabotaje, los seguros, el mercado inmobiliario y el mercado de capitales. Otra de las iniciativas en preparación es una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal, anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de recibir observaciones de especialistas tributarios y contadores. El objetivo es otorgar mayor seguridad jurídica para incentivar el ingreso de dólares al circuito formal.
El oficialismo también mantiene en estudio un proyecto para implementar juicios por jurados en determinados procesos penales federales y continúa trabajando en una reforma integral del Código Penal. La discusión sobre modificaciones penales ganó impulso tras el caso de Agostina Vega, aunque dentro del Gobierno todavía persisten diferencias sobre la redacción final entre distintos sectores vinculados al área de Justicia.
La mesa política deberá además ordenar la situación de varios proyectos que esperan tratamiento en el Senado, entre ellos la Ley Hojarasca, Zonas Frías y otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo que permanecen pendientes de debate.
En la Casa Rosada reconocen que algunos temas, como una eventual reforma electoral, todavía no cuentan con los consensos necesarios para avanzar durante junio, por lo que su tratamiento podría postergarse. Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que la próxima reunión funcione como una señal de coordinación política y permita concentrar los esfuerzos en la negociación parlamentaria, evitando que las diferencias internas vuelvan a interferir en el tratamiento de proyectos considerados prioritarios para la gestión.
