Al filo de que se venciera el plazo legal para que el Gobierno girara 2.5 billones de pesos (US$1785 millones) a las 56 universidades nacionales, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para esquivar el fallo de la Cámara III en lo contencioso administrativa que la obligaba a cumplir con la ley de financiamiento.
La medida, adelantada por Clarín, se consumó este viernes, horas después de que los abogados del Estado presentaran un recurso per saltum para rehabilitar los artículos de la Reforma laboral suspendidos por un juez de primera instancia.
El Gobierno se juega un pleno a dos decisiones sensibles del máximo tribunal. La administración libertaria sostiene que la decisión judicial invade competencias propias del Congreso y del Ejecutivo, porque vulnera el principio de división de poderes y «altera el régimen presupuestario vigente, al ordenar gastos sin financiamiento previsto».
El Gobierno perdió en dos instancias el reclamo en la Justicia que ahora lleva a la Corte. Antes, Javier Milei vetó la ley que reconoce las pérdidas salariales y de funcionamiento que arrastran las universidades desde 2024. Luego de que el Congreso ratificara la ley y rechazara el veto, el oficialismo intentó incluir la derogación de la norma del proyecto de Presupuesto 2026, pero finalmente el capítulo entero fue eliminado por presión de la oposición.
Un sector del Gobierno negoció con los rectores la presentación de un proyecto alternativo a principios de año con menor impacto fiscal, pero nunca avanzó en el Congreso, aunque el oficialismo tenía los votos necesarios. Primó otra estrategia: la idea de que conseguirían un fallo positivo por la intermediación del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Ahora, las condiciones cambiaron en el Parlamento, según reconocen negociadores del oficialismo. La situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni tampoco ayuda.
En el ministerio de Justicia advierten que no pagarán hasta que la Corte se expida. En el Consejo Interuniversitario adelantaron que avanzarán con una marcha masiva como la de abril de 2024, cuando cerca de 450 mil personas salieron a la calle.
“Si tenemos que pagar habrá que recortar de otro lado, porque en un gobierno de Javier Milei el déficit no está permitido y el superávit no se negocia”, consignaron
El recurso extraordinario argumenta que el decreto cuestionado –al que se abraza la Rosada para no pagar– no suspendió la ley, sino que aplicó normas de administración financiera que establecen que toda ley que genere erogaciones debe contar con partidas presupuestarias específicas. También destaca que la Ley de Presupuesto 2026 exige equilibrio fiscal.
El escrito de 40 páginas de la Procuración sostiene que el costo equivale a más del 90% de los créditos disponibles para gastos primarios y que su ejecución pondría en riesgo funciones esenciales del Estado. Por eso invoca «gravedad institucional» y «riesgo para la sostenibilidad fiscal».
El máximo Tribunal no suele tratar medidas cautelares, pero en el Gobierno sostienen que las mismas son equiparables a sentencias definitivas. La procuración a cargo del desplazado secretario de Justicia Sebastián Amerio -hombre de Santiago Caputo– solicitó que el recurso sea concedido con efecto suspensivo, para dejar sin aplicación la cautelar hasta que la Corte resuelva el fondo del planteo.
El Ejecutivo reiteró los mismos argumentos que en ocasiones anteriores para recusar a uno de los jueces que trató el caso. Sostuvo que algunos de los magistrados involucrados en la sentencia fueron parciales, porque son docentes universitarios y serían beneficiados por la aplicación de la ley. Por el mismo motivo, le solicitó a la Corte que se conforme con conjueces para tratar la norma y definir el fallo.
