El Ejecutivo busca suspender la norma y sostiene que no define de dónde saldrán los fondos. La medida llega tras un fallo judicial que lo obligaba a cumplir con aumentos salariales y becas.
El Gobierno nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una disputa judicial que ya tuvo un revés para el Ejecutivo en instancias anteriores.
Desde la administración de Javier Milei sostienen que la norma no especifica las fuentes de financiamiento ni las partidas presupuestarias necesarias para su implementación.
Conflicto por la ley universitaria: el argumento del Gobierno
El recurso presentado retoma los mismos argumentos que el Ejecutivo ya había utilizado ante la Cámara y en el decreto con el que promulgó la ley tras su sanción.
Según la postura oficial, la legislación no detalla de qué áreas del presupuesto deben salir los fondos, lo que —afirman— dificulta su ejecución sin afectar el equilibrio fiscal.
Fallo previo y presión judicial para cumplir la ley
La presentación ante la Corte llega luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazara la postura del Gobierno.
En ese fallo, los jueces ordenaron al Estado cumplir con artículos clave de la norma, vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes, así como a la recomposición de becas estudiantiles.
Estrategia oficial: ganar tiempo y ajustar el presupuesto
Pese al fallo adverso, en la Casa Rosada mantienen la estrategia judicial y buscan trasladar la discusión al máximo tribunal.
Fuentes oficiales indican que el objetivo es adecuar la implementación de la ley a la disponibilidad presupuestaria y evitar un impacto inmediato en las cuentas públicas.
Financiamiento universitario: pagos mensuales y sin desembolso total
El Gobierno anticipó que avanzará con una actualización de partidas de forma gradual, mediante pagos mensuales, en lugar de un desembolso total inmediato.
Además, aseguran que la adecuación presupuestaria será incorporada en el Presupuesto 2026.
Incertidumbre en las universidades y conflicto abierto
En el ámbito universitario, la expectativa también apunta a una implementación gradual, aunque persiste la incertidumbre sobre los plazos.
La apelación ante la Corte podría demorar la aplicación efectiva de la ley, en un contexto de tensión entre el Gobierno y el sistema universitario.
Este conflicto se suma a otros frentes judiciales abiertos para el Ejecutivo, consolidando un escenario de alta conflictividad institucional en torno a reformas clave.
