El Poder Ejecutivo oficializó su salida de la negociación nacional docente al delegar, mediante un decreto, la responsabilidad exclusiva en las provincias. A pesar de esto, se reservó el derecho a rechazar cualquier acuerdo que supere los límites salariales que impone su plan económico. Esta medida fue formalizada a través del decreto 341/2025, publicado en el Boletín Oficial, que introduce una modificación a la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075).
Hasta ahora, la normativa establecía que el Ministerio de Educación, junto al Consejo Federal de Educación (CFE) y los gremios docentes, debían alcanzar un convenio marco relacionado con el salario mínimo, el calendario educativo y la carrera docente. Sin embargo, con la nueva redacción impuesta por el decreto, la Secretaría de Educación —que reemplaza al antiguo ministerio— deja de tener un rol protagónico en esa instancia de diálogo. En su lugar, el CFE y los gremios con representación nacional serán los únicos actores habilitados a llevar adelante esas negociaciones.
El Consejo Federal de Educación está compuesto por los ministros provinciales del área y su par de la Ciudad de Buenos Aires. Tradicionalmente, ese organismo definía junto al Ejecutivo nacional una pauta salarial de referencia que influía directamente en las paritarias provinciales. Además, era parte de las decisiones sobre el presupuesto para universidades e institutos de educación superior, ámbito en el que el Gobierno nacional mantiene una tensa relación con el sector académico.
La medida fue presentada por el oficialismo como un acto de “profundización del federalismo”. El decreto sostiene que, en virtud de las autonomías provinciales, no resulta necesaria la intervención del Estado nacional en este tipo de acuerdos. También se argumenta que las provincias son quienes contratan a los docentes, por lo tanto, deben ser las encargadas de negociar condiciones laborales y salariales.
No obstante, el Ejecutivo se reserva una intervención clave: su potestad de vetar cualquier resolución que exceda los límites fiscales del programa económico en curso. En otras palabras, si los gobernadores y gremios acuerdan un aumento por encima de la inflación proyectada oficialmente, la Secretaría de Educación podrá rechazar ese entendimiento y exigir que se reformule la propuesta.
El texto firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, sostiene que esta decisión busca mejorar la eficiencia del gasto público. Según se explica, forma parte de un proceso más amplio de desregulación estatal orientado a eliminar funciones consideradas redundantes o de escaso impacto. A través de este enfoque, el Gobierno pretende reducir su intervención directa en áreas tradicionalmente gestionadas por el Estado nacional.
