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El juez Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni

La Justicia federal ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni, jefe de Gabinete nacional, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, con el objetivo de avanzar en el análisis patrimonial de la pareja y reconstruir la evolución de sus bienes.

La resolución judicial habilita el acceso integral a información sobre cuentas bancarias, movimientos financieros, consumos con tarjetas, créditos, inversiones y declaraciones impositivas. El alcance de la medida también incluye a la firma AS Innovación Profesional, vinculada a ambos, que quedó incorporada al expediente como parte del circuito económico bajo investigación.

En paralelo, el juez dispuso el levantamiento del secreto fiscal de seis mujeres señaladas en la causa como presuntas prestamistas o acreedoras: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio. La decisión busca determinar si existieron operaciones financieras irregulares o mecanismos de financiamiento no declarados que puedan resultar relevantes para la causa.

El expediente se originó a partir de una denuncia por inconsistencias patrimoniales y tiene como eje una operación inmobiliaria concretada en noviembre de 2025: la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230 mil dólares. Según la investigación, la transacción incluyó una hipoteca directa de 200 mil dólares otorgada por las vendedoras, sin intereses y con devolución en un plazo de un año, una modalidad considerada atípica por la fiscalía.

Con esta decisión, el Ministerio Público Fiscal podrá rastrear en detalle el flujo de fondos, transferencias, inversiones y eventuales movimientos no declarados. El objetivo es determinar si las operaciones analizadas encuadran en posibles delitos económicos, evasión fiscal o lavado de activos, en el marco de una causa que avanza sobre el patrimonio del funcionario y su entorno cercano.

Redacción

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