La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en la causa Vialidad. Ante esta confirmación, la ex presidenta anunció que se entregará voluntariamente el miércoles 18 de junio, solicitando cumplir la pena en prisión domiciliaria por su edad (72 años) y por razones de seguridad tras un atentado en 2022.
Sin embargo, lo que parecía un trámite jurídico se transformó rápidamente en un pulso político de alta tensión. El gobierno y sectores afines al oficialismo han expresado preocupación por las potenciales movilizaciones del peronismo. Alegan que estos actos no sólo defienden a Cristina, sino que buscan “desestabilizar las instituciones democráticas” .
Por su parte, el kirchnerismo critica estas posturas y las señala como una estrategia deliberada para desarticular una fuerza política basada en la participación popular. Denuncian un uso instrumental de la justicia, con plazos acelerados justo en plena campaña electoral y advertencias sobre una supuesta “base golpista” del peronismo. Desde sectores gremiales —como la UOM, Smata y CGT— ya se preparan movilizaciones y posibles paros en caso de que se ejecute la orden de detención.
📌 Crítica de fondo
- Timing electoral y judicial: La decisión de confirmar la condena y ejecutarla sin demoras claras genera sospechas de que se busca proscribir políticamente a Cristina justo antes de las elecciones.
- Movilización vs. institucionalidad: Mientras el oficialismo condiciona las marchas de apoyo como amenaza institucional, el peronismo defiende su derecho democrático a movilizarse, acusando censura política disfrazada de legalidad.
La situación trasciende lo judicial: es una estrategia política con escenario abierto a resistencia callejera. Mientras el poder avanza para ejecutar una condena simbólica contra la oposición política más fuerte, el peronismo prepara su respuesta en las calles. El desenlace judicial y la decisión sobre prisión domiciliaria no cierren la cuestión: más bien podrían encender aún más el combustible del conflicto político y social argentino.
