La discusión del nuevo pliego para el transporte público en Moreno abrió un debate que, para el dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Martín Arrizabalaga, resulta necesario. Sin embargo, advirtió que la propuesta elaborada por el Ejecutivo municipal presenta importantes déficits tanto en su concepción como en el proceso de elaboración.
«Que se ponga en discusión la situación del transporte me parece saludable. Lo primero que hay que decir es que el mejor de los pliegos, si no se controla, no sirve», sostuvo.
Para Arrizabalaga, el problema del sistema actual no se reduce a la existencia de una única empresa prestadora, sino a la ausencia de controles efectivos por parte del Estado municipal.
«No tenemos un buen sistema de transporte solamente porque exista un monopolio, sino porque no se controla el cumplimiento del pliego vigente. Esa discusión es central», afirmó.
El dirigente también cuestionó que el proyecto oficial sea presentado como un proceso de desmonopolización. Según explicó, un verdadero esquema competitivo debería permitir que distintas empresas compartan recorridos y que los usuarios puedan optar por el servicio de mejor calidad.
«El pliego no se construyó con los vecinos»
Uno de los principales cuestionamientos del referente del MDF apunta al proceso de elaboración del proyecto.
«El pliego no se construyó discutiendo con la comunidad. Se elaboró con las empresas y ahora se está recorriendo el distrito para contarlo, pero eso no significa debatirlo».
Como ejemplo mencionó barrios donde continúan existiendo demandas históricas de conectividad que, según indicó, no aparecen contempladas en la iniciativa.
«Hay vecinos que siguen caminando ocho o diez cuadras para llegar a una parada y esos recorridos no están incorporados».
Por ese motivo, respaldó la realización de una audiencia pública, aunque aclaró que el desafío excede esa instancia institucional.
«La audiencia pública es un instrumento interesante, pero el problema es que el gobierno no tiene un mecanismo permanente de diálogo con la comunidad. Las políticas públicas deberían construirse escuchando a los vecinos antes de llegar al Concejo Deliberante».
Controles, adjudicación y discrecionalidad
Arrizabalaga sostuvo que el proyecto tampoco establece criterios suficientemente precisos para adjudicar las futuras concesiones.
«No queda claro cuáles serán las condiciones objetivas para elegir a las empresas. El Ejecutivo conserva un margen de discrecionalidad demasiado amplio».
En ese sentido, reclamó que el Municipio explique cómo ejerció los controles sobre la actual concesionaria durante los últimos siete años.
«Cualquier vecino sabe que la frecuencia no se cumple. Entonces la pregunta es qué pasó con las sanciones previstas en el pliego vigente y cuáles fueron los resultados de esos controles».
Recordó además que al comienzo de la gestión de Mariel Fernández hubo una política más activa de fiscalización, aunque consideró que esa estrategia se diluyó rápidamente.
«Durante algunos meses pareció que se iba a controlar con mayor firmeza a la empresa, pero después el tema desapareció de la agenda y el servicio siguió teniendo las mismas deficiencias».
Finalmente, Arrizabalaga aseguró que el Movimiento Derecho al Futuro seguirá impulsando el debate sobre el transporte público, aunque aclaró que hoy no participa de la elaboración de la propuesta oficial.
«El Ejecutivo hizo el pliego y ahora lo está presentando. Nosotros queremos discutirlo antes de que quede aprobado, porque el transporte que tendrá Moreno durante los próximos años merece una construcción mucho más participativa», concluyó.
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