El concepto de prioridad nacional que defiende Vox ha llegado este viernes al pleno municipal de Barcelona en los mismos términos que en los últimos meses se ha ido desgranando en el resto del Estado, por ejemplo, tras las elecciones autonómicas de Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía, esto es, la idea de que los españoles deben pasar por delante de la población migrante en cuanto a los servicios sociales y públicos, incluido el acceso a una vivienda de protección oficial o una plaza en una guardería. El grupo municipal liderado en la ciudad por Gonzalo de Oro-Pulido ha asegurado que es una medida “de sentido común que no es excluyente y que solo busca cambiar el orden de las cosas”. El PP ha votado a favor de su proposición: “Ha llegado el momento de afrontar el debate con realismo y sin apriorismo ideológico”, ha defendido la concejal popular Sonia Devesa.
Ambos grupos municipales se han quedado solos en la defensa de la propuesta. Han votado en contra, con argumentos muy similares, las bancadas de Junts, PSC, Esquerra y Barcelona en Comú. Por parte del gobierno de Jaume Collboni, Raquel Gil, ha afeado al PP que con el objetivo de “asegurar votos en otros lugares de España compre determinados discursos y los maquille (la proposición ha sido transaccionada por los populares) para sentirse un poco menos culpable”.
La proposición de Vox plantea que el “acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones de competencia municipal de carácter opcional y otorgadas en régimen de concurrencia competitiva se inspire en el principio de prioridad nacional, priorizando la asignación de recursos a los que acrediten un arraigo real, durador y verificable con la ciudad”. En su alocución, De Oro-Pulido ha lamentado el cruce de caminos en el que, a su modo de ver, se encuentran muchos barceloneses: “Están obligados a elegir entre irse de la ciudad, quedarse con sus padres o ir a vivir a barrios degradados. La propuesta es clara: que el sistema deje de estar pensado para el que viene de fuera y no aporta”.
Joan Rodríguez (Junts) ha criticado con dureza que Vox busque “priorizar unos derechos humanos que son universales”. Jess González (BComú) ha acusado a De Oro-Pulido de “señalar a las familias migrantes” y de “querer dividir a la clase trabajadora para que no mire hacia arriba y vea quién realmente se está enriqueciendo en Barcelona”. Eva Baró (ERC) ha denunciado el discurso “perverso y demagógico” de la ultraderecha y ha lamentado que se quiera convertir los derechos humanos “en un premio o un reconocimiento”. Y Devesa ha hablado de servicios sociales “tensionados y con una presión creciente sobre los recursos municipales”. “Hace falta una política migratoria responsable”, ha concluido la concejal del PP.
