Tierra del Fuego pidió que las empresas extranjeras que llevan adelante en las islas Malvinas el proyecto «León Marino» de exploración de petróleo suspendan sus actividades y cumplan con el fallo judicial que les ordenó frenar los trabajos por posible daño ambiental.
«El riesgo de León Marino no se agota en la controversia de soberanía: comprende también posibles daños a terceros países, responsabilidades ambientales, contingencias financieras y consecuencias sobre recursos naturales compartidos o conectados», sostuvo la provincia en escrito al que accedió Clarín y que presentó en la justicia federal de la provincia a través de la Fiscalía de Estado.
Así, el gobierno de Tierra del Fuego, a cargo del peronista Gustavo Melella ratificó la postura histórica de la provincia de defensa de las islas Malvinas. Y se sumó a la política del gobierno nacional de Javier Milei que en las últimas semanas denunció penalmente a «Rockhopper Exploration» y «Navitas Petroleum Development», ratificó en la ONU la soberanía sobre Malvinas y este lunes anunció que llevará a las compañías al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si no frenan la exploración en dos semanas.
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó hace dos semanas una medida cautelar por la cuál le ordenó a Rockhopper y Navitas suspender su proyecto «León Marino». Lo hizo al aceptar un planteo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas -La Plata- (CECIM) y de la Asociación Argentina de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
Las entidades objetaron que las empresas realizan su proyecto de exploración sin contar con los estudios de impacto ambiental. En una presentación, el gobierno nacional informó que las petroleras no iniciaron ese proceso.
“La incertidumbre existente acerca de la totalidad de las consecuencias ambientales del proyecto no aparece aislada, sino vinculada con una actividad hidrocarburífera de gran escala, intervenciones físicas sobre el lecho marino, explotación prolongada de recursos, ecosistemas sensibles y ausencia de evaluación ambiental por parte de las autoridades argentinas”, sostuvo la jueza en su resolución.
La magistrada, entre otras medidas, intimó a las compañías a que en 10 días presenten una serie de informes. El fallo está en proceso de notificación. Se debe hacer a sus sedes en el extranjero y no hay expectativa que lo cumplan porque en otras causas judiciales no lo hicieron.
Cuando el gobierno de Milei anunció sanciones a las empresas que exploren en Malvinas, Rockhopper y Navitas comunicaron oficialmente que iban a seguir adelante con el proyecto «León Marino» porque tenían el aval del Reino Unido y del gobierno de las islas desconociendo la soberanía argentina.
La jueza Borruto le dio también intervención en la causa judicial a Tierra del Fuego. Y la provincia, a través del fiscal de Estado Virgílio Juan Martínez de Sucre, se presentó.
«El proyecto León Marino no debe avanzar sin que sus estudios, riesgos y medidas de prevención hayan sido sometidos al examen de las autoridades argentinas competentes, con independencia de quién sea el que lo opere. Sobre esa base, se procura detener su ejecución hasta que exista una evaluación ambiental adecuada. Ese fundamento puede y debe ser suficiente para que la acción prospere», sostuvo la provincia.
Tierra del Fuego agregó en su presentación que la exploración de las compañías es «una franca violación a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que prohíbe adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de Malvinas mientras las islas están atravesando por el proceso de disputa de soberanía».
La provincia ratificó su facultad de intervenir en todo lo que pase en el mar argentino: «La Cuestión Malvinas configura una causa central, prioritaria y de la mayor jerarquía para la Provincia de Tierra del Fuego y la Nación Argentina».
En el escrito, Tierra del Fuego le pidió a la jueza que mantenga la medida cautelar que suspende la exploración y que convoque al gobierno de Milei al expediente.
