Soplan vientos endemoniados en la Argentina, que azotan con particular violencia al palacio de Justicia. En el cuarto piso de la calle Talcahuano, el fastidio mutuo que acumularon los tres ministros de Corte Suprema de Justicia este año estalló hace dos semanas con la sorpresiva -inexplicable- decisión de anular una cautelar contra el decreto de necesidad y urgencia con que Javier Milei inició su gobierno liberal en diciembre de 2023. La resolución fue completamente técnica, pero el caso elegido hizo tocar los cables rojo y azul de la política y la justicia, que una república sana aconseja mantener alejados.
La explosión fue instantánea y descomunal: con la firma unánime de los jueces, en la práctica se caían las restricciones a la venta de tierras rurales a ciudadanos extranjeros. Otro de los fútiles debates con que los argentinos solemos solazarnos, sobre cuestiones resueltas hace décadas en el resto del planeta.
¿Qué ocurrió? La chispa de la Corte reavivó el rescoldo de la pelea que el Congreso había tenido apenas semanas antes, cuando la oposición encontró una hendija fértil para devolverle al gobierno una puñalada al nacionalismo malvinero con el que había recuperado un soplo de popularidad. Esa oportunidad cayó como maná cuando la torpeza oficialista llevó ante los legisladores un proyecto de ley que ampliaba el porcentaje de tierras que podrían comprar los extranjeros. La consigna se escribía sola: Milei está entregando la Patria.
Aparecieron militantes y organizaciones, políticos y especialistas; abogados, estrategas y opinadores de toda laya inundaron los medios y las redes para debatir una posibilidad que -es importante recordarlo- ningún inversor ni pretendido terrateniente del exterior había reclamado. No se conocen proyectos inmobiliarios, agrarios o mineros que reclamen la posesión de la tierra. Y lo más importante: la titularidad del suelo tampoco tiene nada que ver con la soberanía nacional.
El proyecto fue fulminado en el Congreso. Pero en el tamaño de aquel escándalo público está la clave para decodificar los titubeantes pasos de la Corte en las últimas dos semanas.
Cuando Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti voltearon la cautelar que una organización de veteranos de Malvinas había logrado contra el artículo del DNU 70/23, que desregulaba la venta de tierras, esa libertad recobró vigencia. Y la Corte quedó bajo fuego: ¿Intentaba ayudar al gobierno dándole lo que el Congreso le había negado? ¿Buscó ordenar hacia el interior del Poder Judicial que los jueces no acepten cualquier pedido de amparo sin justificar la legitimidad para hacerlo y la debida urgencia?
Al día siguiente del controvertido fallo, desde las tres vocalías del máximo tribunal se le dio a Clarín la misma respuesta: «nosotros sólo miramos los expedientes y resolvemos. No nos importan ni nos deben importar las consecuencias de aplicar la ley como corresponde. Las leyes no las hacemos nosotros. Si nos fijáramos en la política, nos criticarían por antirrepublicanos. Acá se había justificado parar un decreto apelando a un supuesto riesgo a la soberanía nacional muy difuso, por parte de una organización que tampoco podía explicar la titularidad de ese supuesto derecho amenazado».
Todo muy lindo, pero 24 horas después la Corte emitió un inusual comunicado aclaratorio que en verdad era mitad justificación y mitad promesa de que la decisión cuestionada podía cambiar: «estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros», enseñaba Groucho Marx.
Y así fue nomás. Una semana más tarde, el viernes pasado, la Corte aceptó, trató y resolvió en apenas horas el otro amparo sobre las tierras que tenía en el escritorio. Tan sucio y desprolijo fue el trámite que el caso no había sido analizado por ningún juez inferior, lo que convertía a la Corte en el tribunal originario, y nada menos que para dictar una medida cautelar «interina» que volvió a frenar el artículo 154 del decreto 70/23 de Milei, hasta que el juzgado que en verdad debe resolver la cuestión, en Bariloche, hunda su cuchara en ese guiso.
Este segundo volantazo colmó la paciencia de Rosenkrantz, que se despachó con una potente disidencia en la que critica con dureza a sus dos colegas: «el descontento que en distintos sectores de la sociedad pudo haber causado la sentencia dictada por esta Corte en la causa CECIM no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten. Un proceder así solamente debilitará la confiabilidad del Poder Judicial de la Nación, del que depende su aptitud para resolver de un modo que todos puedan aceptar los conflictos que muchas veces enfrentan a los argentinos. Ello requiere, como se ha dicho, del reconocimiento por el público de la autoridad argumentativa y ética de sus fallos y del decoro de su actuación.»
Más allá de la bronca de Rosenkrantz -quien se ocupó personalmente de que trascendiera, como lo había hecho con su desacuerdo a aquel comunicado aclaratorio de la otra semana-, los constitucionalistas se tiraron de cabeza contra el fallo del caso Árbol de Pie, la ONG que en nombre de la protección del medio ambiente -tan gaseosa como la «soberanía nacional» para justificar la oposición a que un extranjero compre determinadas porciones de tierras- consiguió contrarreloj lo que los soldados de Malvinas no habían logrado una semana antes.
Por la tarde del viernes, Lorenzetti pulió en televisión su bien ganada fama de ecologista. Una curita insuficiente para la hemorragia de prestigio que la Corte abrió cortando sus propias venas.
¿Por qué lo hizo? No hay respuestas que alcancen a explicarlo. Los malpensados especularán con acuerdos espurios, otros considerarán sobreestimado el olfato social de los jueces. No hay motivos ni mucho menos pruebas para sospechar de algún contubernio oscuro.
Pero así están las cosas ahora: una jurisprudencia destrozada por la mano que escribe y el codo que borra, en una coyuntura sedienta de aplomo y estabilidad jurídica contra cualquier vendaval o sugerencia de los políticos.
Un rápido sondeo entre empresarios realizado por Clarín en las últimas 48 horas refleja inquietud. Y esa inquietud asciende a preocupación en un sector clave para la hora: el minero. Numerosas organizaciones y agrupaciones políticas judicializaron la última modificación a la ley de glaciares, retocada justamente para ofrecer garantías a los inversores extranjeros a quienes el gobierno quiere seducir. Esos amparos buscan parar la ley en nombre… de la protección del medio ambiente. ¿Adónde aguardan varios de ellos a ser consoderados? En los lustrosos cajones de la Corte Suprema de Justicia.
Habrá que restañar varias heridas y recuperar numerosas instancias de diálogo para salir de la encerrona. Y, quizás, cambiar el modo tempestuoso con el que la clase dirigente viene abordando sus desafíos. Como le dice el César de Shakespeare a la vencida reina de Egipto en el Acto V de Antonio y Cleopatra: «Sabed, Cleopatra, que vamos a atenuar antes que enfatizar».
