El Tribunal Supremo español mantuvo este lunes la suspensión del derecho a voto para descendientes de exiliados, salvo los que demuestren que sus ancestros huyeron de la Guerra Civil o de la dictadura de Francisco Franco por razones políticas u orientación sexual, lo que podría excluir a miles de los comicios de noviembre.
La decisión supone un balde de agua fría para el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que tiene las encuestas en contra y deseaba que el Supremo levantara la suspensión.
La norma que permite a los descendientes de exiliados españoles obtener la nacionalidad española es la llamada «ley de nietos«, una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022, iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez.
Según esa disposición, los descendientes de españoles que huyeron del país durante la guerra civil de 1936-1939 y parte de la dictadura de Francisco Franco, entre 1939 y 1975, y se instalaron en el extranjero pueden optar a la nacionalidad si la solicitan. Argentina fue el país desde el que se presentaron más solicitudes.
Pero la oposición ha sido muy crítica con esa norma, al considerarla como un intento de Sánchez de sumar votantes afines al censo electoral, principalmente radicados en América Latina. Así, el partido de extrema derecha Vox interpuso un recurso solicitando su suspensión.
En septiembre, antes de que Sánchez convocara las elecciones, el Tribunal Supremo suspendió provisionalmente los derechos de voto de algunos de los beneficiarios, exigiendo más pruebas de sus vínculos con víctimas de la represión.
El lunes, anunció que había rechazado un recurso del servicio jurídico del Estado contra la suspensión, que seguirá en vigor cuando se celebren las elecciones generales del 29 de noviembre.
Aun así, precisó que el fallo no se aplicaría a quienes puedan demostrar que son hijos o nietos de españoles que sufrieron «exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».
Más de 160 mil personas accedieron al beneficio
A 1° de agosto, el registro de votantes en el extranjero incluía a más de 163.000 personas que habían adquirido la nacionalidad española mediante la ley de Memoria Democrática de 2022, según la sentencia del tribunal.
Casi 97.000 solicitudes adicionales de nacionalidad habían sido aprobadas, pero aún no se habían incorporado al registro a finales de agosto, y más de 304.000 peticiones seguían bajo estudio, según la misma sentencia.
No está claro cuántos de estos votantes quedarían excluidos de los comicios, en los que Sánchez se presentará a su reelección.
Sánchez rechazó las acusaciones de manipular el censo electoral y ha arremetido contra el principal partido conservador, el Partido Popular (PP), y la ultraderechista Vox por querer quitar derechos básicos a los ciudadanos españoles.
«¿Qué significa esto? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder hacerlo?», declaró Sánchez durante un mitin de campaña en Ponferrada, en el noroeste de España.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que está en cabeza en los sondeos de intención de voto, aplaudió la decisión del tribunal en la red social X y afirmó que la corte «ha vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno y ha antepuesto el bien común a sus prisas y a sus chapuzas».
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, declaró al medio conservador Okdiario: «No se puede fabricar votantes de manera ilegítima y de manera ilegal (…) Le hemos pillado [a Sánchez] con las manos en la masa».
El dirigente decidió adelantar la votación, en principio prevista para 2027, después de que el Congreso tumbara dos decretos de vivienda que buscaban calmar una oleada de protestas a nivel nacional.
Con información de EFE
D.D.
