En medio de uno de los momentos más críticos de la emblemática empresa Fabricaciones Militares, marcado por una historia de cierre de unidades, la venta de activos y un proyecto oficial que sigue contemplando su privatización, un sector del Gobierno busca que vuelva a posicionarse como una pieza clave de la política de la defensa argentina.
La empresa estatal fue durante décadas el principal sostén de la industria militar nacional. Ahora está en una situación no clara, pero sectores oficialistas dejaron trascender que se encuentra en un proceso de reactivación impulsado por las nuevas autoridades designadas por el Gobierno de Javier Milei. El objetivo, dicen, es que sean recuperadas sus capacidades productivas perdidas, que son inmensas, y reducir la dependencia de los aportes del Tesoro y transformarla en un proveedor estratégico para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Detras de estos trascendidos que largó a rodar el propio gobierno está la pelea de lo que iba a ocurrir con Fabricaciones Militares, que empezó su lenta agonía con el gobierno de Carlos Menem, que buscó su privatización y terminó como epicentro de un escándalo internacional por contrabando de armas a Ecuador y Croacia y la tragedia por la voladura de la fábrica de Río Tercero.
Ahora, afirman que el Gobierno desistió del plan original para privatizarla de forma convencional. Y que en su lugar, afirman altas fuentes castrenses consultadas, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el Ejecutivo impulsan una nueva estrategia enfocada en la reestructuración interna y la conformación de «convenios asociativos» con empresas privadas para reducir el déficit estatal.
Por eso transformada por los libertarios en Sociedad Anónima en 2024, hay quienes dicen que detrás de los trascendidos se prepara para lanzar un concurso internacional destinado a incorporar capital privado mediante un convenio asociativo de entre 10 y 30 años. Eso no cae bien en las fuerzas.
La iniciativa forma parte de un proceso de reestructuración que incluyó venta de activos, cierre de unidades y reducción de personal. Mientras la conducción de la empresa presenta el plan como una vía para modernizar la producción y atraer inversiones, sectores gremiales denuncian que se trata de una privatización encubierta que podría derivar en la pérdida del control estatal sobre capacidades consideradas estratégicas para la defensa nacional.
El presupuesto para 2026 en el área de Defensa es de ajuste, sobre todo en funcionamiento, adiestramiento, compra de bienes y salarios. Tanto es así que se teme reducciones tanto de los servicios de luz, agua y gas, como de provisión de comida en las instalaciones. La suma calculada habla de un recorte superior a los $48.900 millones, para las tres ramas de las Fuerzas Armadas al aplicarse el ajuste libertario nuevo del 2.6% a la Administración Nacional.
Más aún, la pregunta que surge es cómo se van a financiar los programas de mantenimiento de los F16 que son altísimos y en dólares. Y cómo se van a pagar las siguientes compras que se precisan y se han hasta anunciado: fusiles, municiones, barcos, submarinos, que cuestan miles de millones de dólares y que el propio presidente Milei anunció.
Lo que señalan ahora es que ya se habría puesto en marcha del horno de forja de la planta de Fray Luis Beltrán, una instalación que permanecía inactiva desde hacía años y que ahora sería utilizada para fabricar vainas de munición de artillería de 105 y 155 milímetros. Una solución intermedia entre lo que piden los ministros Luis Caputo y Sturzeneger y los equipos de la empresa
La decisión forma parte de un plan más amplio, ambicioso para tiempos de austeridad, que contempla la recuperación de líneas de producción de munición de mortero de 81 y 120 milímetros, así como proyectiles para sistemas de artillería que actualmente deben ser importados o cuya producción nacional se encuentra severamente limitada.
La compañía también prevé reactivar la fabricación de munición de 105 milímetros para los tanques TAM y los blindados SK-105 Kurassier. Además, busca reincorporarse al programa de modernización del Tanque Argentino Mediano mediante la provisión de piezas y componentes, una actividad que había sido una de sus especialidades históricas.
El cambio de rumbo representa una modificación significativa respecto de la estrategia que predominó entre 2024 y gran parte de 2025. Durante ese período, la prioridad oficial fue preparar a Fabricaciones Militares para una eventual privatización.
Como parte de ese proceso, la empresa dejó de ser una Sociedad del Estado y fue transformada en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), una figura jurídica que facilita la incorporación de capital privado. Paralelamente se transfirieron activos, se cerraron dependencias y se impulsó una reducción de costos orientada a disminuir el déficit operativo.
La posibilidad de una privatización generó fuertes resistencias y abrió un debate dentro del sector defensa, donde numerosos especialistas advertían sobre la conveniencia de mantener bajo control estatal la producción de materiales estratégicos. De hecho, de pensar que hasta podrían fabricar armas y municiones para proveer a países como Ucrania, en su guerra contra Rusia, entre 2024 y 2025, el objetivo central del Gobierno fue preparar a la empresa para una posible venta.
Pero hacia fines de 2025 el Gobierno comenzó a revisar esa alternativa. La dificultad para avanzar con una venta directa, sumada a la necesidad de recuperar capacidades productivas consideradas críticas para la defensa nacional, derivó en un modelo intermedio.
La nueva estrategia apunta a conservar el control estatal de la compañía, pero incorporando inversiones privadas mediante asociaciones productivas. Para ello se prepara una licitación nacional e internacional destinada a captar tecnología y capital para modernizar equipamiento que, según admiten sus propias autoridades, en muchos casos no recibió actualizaciones significativas en más de tres décadas.
La conducción actual, encabezada por Pablo Glöggler -ex CEO de Bodegas Bianchi, lo que también abrió polémica- y Diego Martínez, sostiene que el desafío central es transformar a Fabricaciones Militares en una empresa autosustentable, capaz de generar ingresos mediante contratos con las Fuerzas Armadas y exportaciones. Pero hoy la defensa depende enormemente de lo que Estados Unidos le está proveyendo para operaciones tan básicas como la vigilancia del mar argentino.
Igual, en esa línea, la firma ya entregó cerca de seis millones de municiones de infantería al Ejército y mantiene negociaciones con la Armada y la Fuerza Aérea para nuevos contratos. Al mismo tiempo, busca diversificar su actividad mediante el desarrollo de sistemas no tripulados, un sector que incluye drones y tecnologías autónomas con creciente demanda internacional.
Actualmente, Fabricaciones Militares concentra sus operaciones en las plantas de Río Tercero y Villa María, en Córdoba; Fray Luis Beltrán, en Santa Fe; FANAZUL, en la provincia de Buenos Aires; y el complejo de explosivos de Jáchal, en San Juan.
Así como hay escepticismo de que el porcentaje de la venta de bienes del Estado vaya a solventar necesidades militares y de la defensa, en su momento hubo inmensas críticas por el traslado del Comando Conjunto de Ciberdefensa desde Puerto Madero al Instituto Geográfico Naciona por la falta de protección de las capacidades estratégicas del Estado. Se había inaugurado durante el gobierno de Mauricio Macri en el marco de la cumbre del G20 de 2018 y aunque el Ministerio de Defensa en su momento aseguró que se respetaron todos los procedimientos y que la continuidad operativa estuvo garantizada, los cuestionamientos apuntan a una posible pérdida temporal de capacidades de ciberdefensa durante la transición.
