El Juzgado en lo Correccional N.º 1 de Moreno ordenó la clausura de los calabozos de la Comisaría 6ª de Moreno y de la DDI de Drogas Ilícitas de Paso del Rey, al constatar que las condiciones de alojamiento eran incompatibles con los estándares mínimos de derechos humanos. La resolución, firmada por el juez Jorge Fernando Mariano, también prohibió el ingreso de nuevas personas detenidas y dispuso el traslado de quienes permanecían alojadas allí en un plazo de 72 horas.
La decisión judicial respondió a un habeas corpus colectivo preventivo y correctivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que actúa como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en la provincia de Buenos Aires. La acción fue impulsada luego de inspecciones realizadas en ambas dependencias policiales, donde se detectaron condiciones de detención consideradas inhumanas, especialmente para mujeres privadas de la libertad.
En la Comisaría 6ª, la CPM verificó que había nueve mujeres detenidas en un espacio habilitado para solo tres personas, lo que representaba una sobrepoblación del 200 por ciento. Durante la constatación judicial realizada posteriormente, el número había ascendido a once.
Según el relevamiento, las detenidas dormían sobre colchones deteriorados directamente apoyados en el piso, en un ambiente con humedad, filtraciones, sin ventilación natural y con iluminación precaria. La celda carecía de ventanas, permanecía en penumbras y presentaba instalaciones eléctricas improvisadas que representaban un riesgo permanente. Además, las mujeres permanecían encerradas las 24 horas del día, sin acceso a un patio o espacio abierto, respirando aire viciado y conviviendo con olores nauseabundos.
La CPM también denunció severas restricciones al contacto con el exterior. Las visitas se realizaban una sola vez por semana y únicamente podían ingresar familiares mujeres. Quienes tenían hijos no podían mantener contacto con ellos y tampoco se garantizaba la comunicación con sus defensores, ya que estaba prohibido el uso de teléfonos celulares.
A esa situación se sumaba la falta de provisión estatal de elementos básicos. Productos de higiene personal, insumos para la gestión menstrual, medicamentos y alimentos debían ser aportados por las familias. El organismo también registró casos de mujeres enfermas sin atención médica adecuada y denunció la realización de requisas vejatorias.
La situación observada en la DDI de Drogas Ilícitas de Paso del Rey resultó igualmente preocupante. La dependencia no cuenta con habilitación para alojar personas detenidas, pero habían sido improvisados calabozos en antiguas oficinas. Allí las mujeres permanecían durante períodos prolongados en espacios reducidos, sin privacidad, con escasa luz natural y junto a sanitarios que despedían fuertes olores cloacales, configurando un escenario de extrema insalubridad.
Al analizar el habeas corpus, el juez Mariano concluyó que ninguna de las dependencias cumplía con los protocolos establecidos para el alojamiento de mujeres privadas de la libertad y que las condiciones verificadas vulneraban derechos fundamentales debido al hacinamiento, la precariedad edilicia y la falta de condiciones sanitarias mínimas.
Como consecuencia, la resolución ordenó el traslado inmediato de las detenidas, prohibió nuevos ingresos y clausuró los sectores de calabozos hasta tanto reúnan las condiciones edilicias y las habilitaciones necesarias para funcionar.
La Comisión Provincial por la Memoria advirtió además sobre el crecimiento sostenido del encarcelamiento de mujeres en comisarías bonaerenses. Según sus registros, en la última década la proporción de mujeres alojadas en dependencias policiales pasó del 6 al 11 por ciento del total de personas detenidas, una tendencia que, según el organismo, agrava un sistema de encierro caracterizado por la sobrepoblación y las persistentes violaciones a los derechos humanos.
