Un bioquímico fue detenido en las últimas horas en la ciudad chubutense de Esquel por haber mantenido secuestrada a su propia familia en condiciones inhumanas. En diálogo con Clarín, fuentes judiciales describieron el cuadro en los términos de una «situación de gran vulnerabilidad».
El arrestado fue identificado como Miguel Edgardo Battista, de 71 años y profesión bioquímico. Se trata de un hombre que cobró notoriedad durante la pandemia de Covid brindando notas en medios nacionales, con intenciones de difundir un suplemento que él producía. En el domicilio había una mujer, dos adolescentes y una joven mayor de edad, que son su pareja y sus hijos, detalló el parte oficial. No estaban escolarizados y vivían en un total aislamiento.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que habrá más detalles del caso en una conferencia de prensa este mediodía, tras una audiencia en que desde esa dependencia judicial solicitarán la apertura formal de la investigación y otras medidas que se consideren necesarias para evitar el entorpecimiento procesal y garantizar el normal desarrollo de la investigación. Se trata de un paso esperable, considerando que en la provincia de Chubut rige el sistema acusatorio, lo que implica que la etapa de investigación queda a cargo de la fiscalía y no del juez (que en cambio cumple una función de control).
La Fiscalía de Esquel inició la investigación el 10 de octubre, tras el aviso de vecinos que, según los medios locales, reportaron un fuerte olor que salía de una casa en Pasaje La Cascada al 600. Según confirmó Clarín con fuentes judiciales, la situación familiar no se corresponde con una condición de vulnerabilidad socioeconómica.
La procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria judicial Mónica Caveri encabezaron este jueves un allanamiento en la vivienda, que redundó en la detención del hombre. Fue luego de lo que el Ministerio Público Fiscal definió como «reiterados intentos infructuosos de la Policía Comunitaria por tomar contacto con la familia», situación que condujo a la intervención del Servicio de Protección de Derechos y del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).
Por fin, el 22 de octubre, luego de «varias horas de tensión» (según el reporte de medios locales) y «ante la negativa del adulto a permitir el ingreso (precisaron fuentes judiciales), los profesionales elaboraron un informe de riesgo urgente en el que advirtieron sobre la vulnerabilidad extrema de los integrantes del hogar».
La investigación, que quedó provisoriamente encuadrada bajo las figuras penales de abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, busca esclarecer los hechos que habrían afectado de manera directa la salud psicofísica, la libertad de circulación y los derechos fundamentales de las víctimas.
Información que no pudo ser chequeada, pero que fue difundida por medios locales, refirió claros «rasgos de desnutrición» en las víctimas. En tanto, la fiscalía informó que, «tras el procedimiento, los órganos judiciales y de salud activaron los protocolos de contención y asistencia médica y psicológica para el grupo familiar», a fin de «evaluar el grado de afectación provocado por la situación vivida»
Respecto del pedido de más detalles sobre las condiciones de los damnificados, fuentes de la investigación informaron que, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y las recomendaciones internacionales sobre el tratamiento de la salud mental en medios de comunicación, «se resguarda de forma absoluta la identidad, imágenes y datos que permitan la localización de las víctimas de este caso».
Enfatizaron la prioridad de «garantizar su derecho a la intimidad y evitar la revictimización mientras avanzan las actuaciones de los equipos profesionales para la restitución plena de sus derechos».
AS
