“Este es nuestro hemisferio”. La frase parece llegada de otro tiempo. Sin embargo, fue la expresión elegida por la Casa Blanca para resumir, en enero pasado, una serie de declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio sobre Venezuela y la política de Donald Trump hacia el hemisferio occidental.
“Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos”, había dicho Marco Rubio, antes de advertir que EEUU no permitiría que la región se convirtiera en una base de operaciones para sus adversarios, competidores o rivales.
Las áreas de influencia están lejos de ser una novedad en las relaciones internacionales. Durante siglos, las grandes potencias procuraron reservarse espacios en los que sus intereses fueran reconocidos como predominantes. El orden surgido en 1945 intentó establecer un principio diferente: la Carta de las Naciones Unidas consagró la igualdad soberana de los Estados y negó que la pertenencia a un determinado espacio otorgara a una gran potencia derechos especiales sobre sus vecinos.
La Guerra Fría introdujo, sin embargo, una paradoja. Mientras las áreas de influencia perdían legitimidad como principio jurídico, se consolidaban como una de las características centrales de la política internacional. La instalación de misiles soviéticos en Cuba resultó intolerable para Estados Unidos; la Unión Soviética intervino militarmente en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968 para impedir que países de su órbita alteraran su alineamiento. Durante casi medio siglo, ambas superpotencias organizaron alrededor de sí alianzas, sistemas de seguridad y espacios de predominio.
El final de la Guerra Fría pareció abrir una etapa diferente. La desaparición de la Unión Soviética, la expansión de las instituciones multilaterales y la globalización alimentaron la expectativa de un mundo menos organizado alrededor de bloques y más sujeto a reglas de aplicación universal. Las áreas de influencia no desaparecieron, pero fueron perdiendo centralidad como principio ordenador de la política internacional.
Tres décadas después, esa expectativa comienza a ser puesta en cuestión.
Rusia, China y EEUU vuelven a mirar sus entornos
Rusia ofrece quizá el ejemplo más explícito. En 2002, Vladimir Putin afirmó sin rodeos: “Decimos abiertamente que Rusia tiene intereses especiales en la Comunidad de Estados Independientes”. La referencia no era casual. La CEI había nacido diez años antes, con la disolución de la Unión Soviética, y reunía a buena parte de las antiguas repúblicas soviéticas. Para Moscú, aquel espacio no constituía simplemente un conjunto de países vecinos: estaba estrechamente vinculado con su propia seguridad.
La afirmación no implicaba, por sí sola, reivindicar un área de influencia. Pero expresaba una concepción que se volvería cada vez más visible: determinadas decisiones adoptadas por los Estados del espacio postsoviético podían afectar, desde la perspectiva de Moscú, sus intereses de seguridad. La oposición a la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, explicitada por Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, y posteriormente la guerra en Ucrania llevarían esa tensión mucho más lejos.
China ofrece una formulación diferente. Beijing rechaza expresamente que pretenda construir un área de influencia. Sin embargo, desde hace años sostiene que los asuntos de seguridad de Asia deben ser resueltos principalmente por los países asiáticos, cuestiona la expansión de la OTAN hacia el Indo-Pacífico y reclama que las disputas del Mar de China Meridional sean tratadas por los Estados directamente involucrados. Ya en 2014, Xi Jinping había sintetizado esa concepción en una frase: “corresponde a los pueblos de Asia gestionar los asuntos de Asia”.
Y ahora Estados Unidos vuelve a mirar hacia el hemisferio occidental. La Doctrina Monroe había formulado en 1823 una advertencia a las potencias europeas contra nuevas intervenciones en el continente americano. Ocho décadas después, el Corolario Roosevelt fue mucho más lejos: Washington se atribuyó la posibilidad de intervenir en países del hemisferio cuando considerara amenazados el orden o sus intereses. América Latina conoce bien las consecuencias de aquella concepción.
Más de dos siglos después de Monroe, la administración Trump ha recuperado explícitamente aquella tradición, ahora con China en la mira. La preocupación por la presencia china en puertos, telecomunicaciones, infraestructura y recursos críticos latinoamericanos y la afirmación de la Casa Blanca —“este es nuestro hemisferio”— parecen formar parte de una misma concepción estratégica: lo que ocurre en esta región vuelve a tener para Estados Unidos una relevancia particular.
Los casos no son equivalentes ni tienen las mismas consecuencias. Tampoco Estados Unidos, Rusia y China formulan del mismo modo sus intereses estratégicos. Pero detrás de lenguajes, historias y circunstancias diferentes se perfila una misma pregunta de fondo: ¿están volviendo las grandes potencias a reclamar un derecho especial a condicionar lo que ocurre en sus respectivos entornos estratégicos?
Tener influencia no equivale a reclamar un área de influencia. Todas las grandes potencias proyectan poder más allá de sus fronteras. La diferencia aparece cuando una potencia pretende que las decisiones de determinados países, por formar parte de lo que considera su entorno estratégico, queden condicionadas por sus propios intereses de seguridad.
Sería apresurado afirmar que estamos regresando al mundo de la Guerra Fría. No existe un acuerdo entre las grandes potencias para repartirse el planeta y, si las áreas de influencia están reapareciendo, probablemente no adopten las mismas formas que tuvieron durante el siglo XX.
En el mundo actual, sus límites pueden extenderse mucho mas allá de una alianza militar o del despliegue de tropas. Pueden atravesar un puerto, una red de telecomunicaciones, una inversión en infraestructura, el acceso a minerales críticos o una decisión tecnológica. La competencia entre las grandes potencias ha ampliado aquello que consideran de interés estratégico.
Argentina acaba de ofrecer un ejemplo particularmente elocuente. CALF, una cooperativa de servicios públicos de la provincia de Neuquén, denunció haber recibido advertencias de funcionarios estadounidenses sobre la posible revocación de visas a sus directivos mientras negociaba con la empresa china Huawei la instalación de infraestructura para un centro de datos. Estados Unidos invocó razones de seguridad nacional; China denunció una interferencia en la cooperación comercial entre empresas argentinas y chinas.
El episodio podría parecer menor frente a las grandes disputas geopolíticas. Tal vez sea exactamente lo contrario. Muestra hasta qué punto una decisión de una cooperativa de servicios públicos de Neuquén puede convertirse, en el contexto de la competencia entre Estados Unidos y China, en una cuestión estratégica.
El problema adquiere otra dimensión cuando se observa desde los países sobre los cuales se ejercen esas presiones. La igualdad soberana seguirá existiendo como principio jurídico, pero el margen efectivo para decidir con quién comerciar, de quién recibir inversiones, qué tecnología utilizar o qué infraestructura construir puede quedar cada vez más condicionado por las rivalidades estratégicas de otros.
Para América Latina, la cuestión está lejos de ser abstracta. Durante las últimas décadas, buena parte de la región pudo profundizar simultáneamente sus vínculos con Estados Unidos, China, Europa y otros actores. La posibilidad de diversificar esas relaciones constituyó una fuente de autonomía. En la medida en que las áreas de influencia vuelvan a ganar terreno, las decisiones económicas o tecnológicas adquirirán un significado geopolítico capaz de reducir ese margen.
Tal vez sea demasiado pronto para afirmar que las áreas de influencia han vuelto. Pero la pregunta ya está planteada.
“Este es nuestro hemisferio” puede ser apenas una frase. También puede ser una señal.
