Ciudad de Guatemala, 30 jun (EFE).- Nueve estudiantes de la única universidad pública de Guatemala denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar las libertades de expresión y académica al haber sido expulsados por protestar contra un presunto fraude electoral en esa casa de estudios en 2022, informaron este martes los denunciantes.
«Elevamos una petición a la CIDH porque no hemos podido recibir justicia aquí en Guatemala y porque tenemos clarísimo que nuestra expulsión fue de carácter ilegal», declaró a EFE Andrés García, exsecretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios y uno de los expulsados, quien denunció que su vida académica quedó «destruida».
El bufete jurídico que representa a los jóvenes detalló que la denuncia ante el tribunal interamericano busca deducir la responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por violaciones a la libertad de expresión y académica.
El caso se remonta al mandato de Alejandro Giammattei (2020-2024) e involucra directamente al Ministerio Público (Fiscalía) y a los tribunales de justicia en una estrategia de persecución penal, indicó el bufete jurídico.
La relevancia y el control de la Universidad de San Carlos (USAC) —la única estatal del país— radican en que su Rectoría posee una silla clave con voto directo en las comisiones de postulación encargadas de elegir a los magistrados de las cortes de justicia, al Fiscal General y a otras entidades de control del Estado centroamericano.
Por ello, el origen de la crisis, en marzo de 2022, trascendió el ámbito académico, cuando la USAC celebró elecciones de rector que la oposición tildó de fraudulentas.
Según los denunciantes, la respuesta estatal para imponer a las autoridades universitarias incluyó el uso de fuerzas policiales, acoso digital y una ofensiva de la Fiscalía que llevó a prisión a los estudiantes Heizel Camey y Sergio Morataya, además de la expulsión definitiva de los líderes bajo normativas calificadas de ilegales.
Tras agotar la vía judicial interna sin obtener amparo, los afectados exigen ahora a la CIDH medidas de reparación y su inmediata reinstauración académica.
La CIDH, con sede en Washington, es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción de los derechos humanos y evalúa casos individuales únicamente cuando los recursos judiciales internos han sido agotados o resultan ineficaces.
Aunque sus resoluciones no emiten condenas judiciales directas, el organismo puede dictar medidas de reparación y, de no existir cumplimiento del Estado, elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias sí son vinculantes.
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