En medio de una creciente preocupación por amenazas en instituciones educativas, el Gobierno de la Ciudad encabezado por Jorge Macri a través de su Ministra de Educación, Mercedes Miguel, resolvió responder con represión: el ingreso de fuerzas policiales a los establecimientos educativos. Lejos de traer soluciones, la medida es cuestionada por estudiantes, familias y docentes, que advierten que se trata de un abordaje punitivo frente a un problema profundo y estructural.
Las imágenes que circularon en redes y en la propia comunidad educativa sintetizan el clima: “No a la policía en las escuelas”, “Necesitamos inversión en educación y salud, no un Estado policial”. La denuncia es clara: se criminaliza a las juventudes en lugar de garantizar derechos básicos.
Una respuesta que profundiza el problema
El protocolo impulsado por el Gobierno habilita la intervención policial en los establecimientos, incluyendo la posibilidad de ingresar a los espacios escolares, revisar pertenencias e incluso confiscar dispositivos personales. Para amplios sectores de la comunidad educativa, esto no solo es desproporcionado, sino que vulnera derechos elementales.
Docentes y sindicatos vienen señalando que estas medidas no abordan las causas de fondo: el deterioro de las condiciones de vida, el vaciamiento de políticas públicas y el desfinanciamiento educativo.
En la Legislatura porteña, durante una reunión de comisión convocada para debatir la situación, referentes educativos, estudiantes y organizaciones sindicales expusieron estas preocupaciones. Allí se remarcó que frente a situaciones de crisis social y emocional en las escuelas, la respuesta estatal no puede ser la represión ni el control policial.
Vean este hilo y esta propuesta. Basta de perseguir a los pibes. https://t.co/m9MiKKp7S6
— Myriam Bregman (@myriambregman) April 21, 2026
Familias: “El cuidado no es una tarea individual”
Uno de los posicionamientos más contundentes provino de las Familias Autoconvocadas del Pellegrini , que difundieron un comunicado en el que plantean:
“No se puede acompañar en soledad. El ajuste presupuestario no es solo un número: es un golpe directo al corazón de nuestras casas y de nuestras aulas”.
Las familias denuncian que el ajuste del Estado en áreas clave como salud, educación y desarrollo social deja a docentes y hogares sin herramientas para acompañar a las y los estudiantes.
Además, advierten sobre un giro peligroso en el discurso oficial:
“Escuchamos con preocupación discursos que intentan criminalizar a nuestras adolescencias y a la pobreza, desplazando la responsabilidad exclusivamente hacia las familias”.
En ese sentido, rechazan que la respuesta frente a situaciones de vulnerabilidad sea el señalamiento o la estigmatización, y reclaman políticas integrales que fortalezcan las redes de cuidado.
Estudiantes organizados y en alerta
Desde los centros de estudiantes secundarios también se multiplican las expresiones de rechazo. En distintos videos y pronunciamientos desde la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, denuncian que el ingreso de la policía a las escuelas genera más problemas que soluciones.
Señalan, además, que mientras se endurecen los protocolos, no hay respuestas a demandas históricas: problemas edilicios, falta de vacantes, recorte en programas educativos y ausencia de equipos interdisciplinarios para acompañar situaciones complejas.
Docentes y sindicatos: contra la salida punitiva
Desde el sindicato Ademys, docentes que participaron de la comisión legislativa remarcaron que las amenazas que atraviesan las escuelas no pueden analizarse por fuera del contexto social.
Denuncian que las políticas de ajuste, la precarización laboral y el desfinanciamiento de la salud mental impactan directamente en las infancias y juventudes. En ese marco, advierten que la intervención policial no solo es ineficaz, sino que agrava la situación.
La crítica apunta también al trasfondo político: gobiernos que, lejos de garantizar derechos, avanzan en políticas de control y disciplinamiento social.
Fuera la policía de las escuelas
El conjunto de la comunidad educativa coincide en un punto: la solución no es policial. Reclaman inversión en educación, fortalecimiento de la salud pública, implementación real de la Educación Sexual Integral y equipos de acompañamiento en las escuelas. Y comienzan a organizarse para rechazar una vez más las políticas de un gobierno que al igual que el nacional encuentra en la respresión, la única respuesta a los problemas sociales: jubilados, despidos, discapacidad.
Frente a un escenario de crisis, sostienen que el camino es reconstruir redes de contención y garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender.
Como sintetizan las consignas que recorren escuelas y redes: no se trata de más control, es necesario garantizar derechos elementales y generar ámbitos de intercambio, debate y organización, creando comunidad y fortaleciendo el tejido social que tantos años de crisis y ajuste, guerras y falta de perspectiva de futuro, profundizan.
