Para las Universidades nacionales, no hay dudas sobre las consecuencias del fallo de la Corte Suprema de este jueves: «El Gobierno debe pagar», lo que establece la ley de Financiamiento Universitario para los salarios docentes y no docentes de las más de 60 Universidades públicas de todo el país.
Así lo afirmó a Clarín el abogado constitucionalista Pablo Manili, quien presentó la demanda judicial en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ante el incumplimiento de la ley por parte de la administración de Javier Milei.
Manili indicó que ya no queda otra instancia. «Se debe actualizar de inmediato los haberes de acuerdo a lo que manda la Ley. El Gobierno desde diciembre viene pateando, con chicanas, hasta llegar con un recurso extraordinario ante la Corte, que se resolvió hoy con el rechazo. Hay que pagar y punto», sentenció el abogado, descartando interpretaciones que hablan de una vuelta a primera instancia en virtud de un acuerdo salarial firmado en paralelo días atrás.
Desde la UBA, su vicerrector Emiliano Yacobitti explicó que en el acta acuerdo suscripta días atrás por el Gobierno, rectores y gremios del sector, el sector universitario nunca se avino a retirar la demanda judicial, que ya tenía dos fallos cautelares a favor, en primera instancia del juez Martín Cormick y luego a fin de marzo pasado ratificado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Esa decisión cautelar es la que ahora debe ejecutarse.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez también sostiene que el Gobierno debe pagar de inmediato la recomposición salarial, retroactiva a diciembre de 2023 por inflación, y las becas estudiantiles (los artículos 5 y 6 de la Ley comprendidos en la medida cautelar).
«Caso contrario los funcionarios se enfrentan a responsabilidades penales, políticas -como el juicio político- y también patrimoniales personales por no cumplir la sentencia. Por ejemplo, que se pongan multas diarias sobre sus patrimonios», indicó.
¿Y el acuerdo salarial del 23,3% firmado hace diez días? Para Gil Domínguez, ese acuerdo «cesó», al haber sido superado por la vigencia de la Ley a cumplir. Según cálculos, los sueldos universitarios deberán aumentar en junio 56% respecto de mayo y con impacto en el aguinaldo.
El juez Cormick debe definir ahora la cuestión de fondo, la constitucionalidad del decreto del Gobierno que suspendió la ley. Parece improbable que el juez que concedió la cautelar y ordenó pagar al Gobierno, falle en forma adversa a las Universidades.
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