Fentanilo contaminado: cuál es la decisión que involucra al Hospital Vicente López y tomó la Provincia

A través del Ministerio de Salud, la provincia de Buenos Aires ordenó el descarte definitivo de más de 4,4 millones de medicamentos elaborados por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo. La medida alcanza directamente al Hospital Vicente López de General Rodríguez, un distrito que además permanece en el centro de la causa judicial por ser un punto clave en la trama del opioide adulterado

Mediante la Resolución N° 7414-MSALGP-2026, firmada por el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, y publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno bonaerense autorizó a sus centros de salud a proceder con el descarte y la disposición final de todos los insumos y medicamentos fabricados por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A.. Ambas firmas sufrieron la baja definitiva de sus autorizaciones por parte de la ANMAT tras el brote de fentanilo contaminado que provocó al menos 90 muertes e impulsó severas investigaciones penales.

La medida abarca un total de 2.764 registros que suman 4.463.951 unidades de productos distribuidos en 98 establecimientos sanitarios de la provincia. En la nómina oficial elaborada por la Dirección Provincial de Política de Medicamentos figura de forma explícita el Hospital Interzonal General de Agudos «Vicente López y Planes» de General Rodríguez.

El nosocomio local deberá retirar de sus dependencias no solo las posibles partidas de anestésicos u opioides, sino también el stock remanente de antibióticos, analgésicos, corticoides y soluciones inyectables de dichas marcas. El procedimiento de eliminación se ejecutará bajo estrictos protocolos ambientales y sanitarios (enmarcados en las Leyes Provinciales N° 11.347 de residuos patogénicos y N° 11.720 de residuos especiales) para garantizar la trazabilidad y evitar la contaminación del entorno o riesgos en la salud pública.

Un territorio clave en la trama de la causa

La presencia del Hospital Vicente López y Planes en el listado oficial vuelve a situar a General Rodríguez en el centro de atención de una de las tragedias sanitarias más graves de los últimos tiempos, un territorio que además resulta crucial dentro del expediente instruido por el Juzgado Federal N° 3 de La Plata. En el marco de la investigación judicial, una de las líneas más comprometedoras busca determinar el paradero de más de cinco kilos de fentanilo puro que desaparecieron de las plantas de San Isidro y Ramallo previo a los allanamientos. Diversos testimonios incorporados a la causa indicaron que camionetas y vehículos de carga habrían trasladado pallets con ampollas hacia unos galpones ubicados en el kilómetro 46 del Acceso Oeste, en General Rodríguez, donde funciona la firma Cables Epuyén SRL. Esta hipótesis de acopio en el distrito es analizada por la Justicia Federal y la agencia norteamericana DEA ante la sospecha de un desvío masivo hacia el mercado negro del narcotráfico.

Por otra parte, la figura del principal imputado en la causa, el empresario Ariel García Furfaro, mantiene un vínculo constante con el municipio. Pese a estar alojado en el penal de Marcos Paz por la fabricación del analgésico contaminado, García Furfaro coordina de manera habitual reuniones comerciales desde la cárcel para supervisar sus emprendimientos en marcha, entre los que destacan diversos proyectos de loteo y desarrollos inmobiliarios dentro del partido de General Rodríguez.

Asimismo, las secuelas del escándalo en el ámbito sanitario local ya registraban antecedentes de resguardo preventivo. Meses atrás, el Dr. Germán Lizziero, al asumir la conducción del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, llevó tranquilidad a la población al aclarar que, si bien el nosocomio tuvo que retirar preventivamente de sus farmacias todas las especialidades medicinales pertenecientes a los laboratorios investigados por instrucción del Ministerio de Salud, la institución nunca llegó a recibir las ampollas de fentanilo que resultaron estar contaminadas.