El Ejecutivo debe cumplir un fallo que obliga a actualizar salarios y becas, pero asegura no tener fondos. Crece la tensión con universidades y anticipan un escenario adverso en la Justicia.
El Gobierno nacional reconoció que no cuenta con los recursos para cumplir el fallo judicial que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo costo estimado asciende a $2,5 billones. La decisión judicial obliga a actualizar salarios docentes, no docentes y partidas de becas, lo que impacta de lleno en las cuentas públicas.
Desde la Casa Rosada confirmaron que presentarán un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque admiten que es poco probable que se suspenda la aplicación de la medida.
Fallo por financiamiento universitario: qué debe pagar el Gobierno
La resolución judicial ratificó la vigencia de la ley sancionada por el Congreso en 2025, que ya había sido resistida por el oficialismo y luego confirmada tras el rechazo al veto presidencial.
El fallo obliga al Ejecutivo a recomponer los salarios del sector educativo desde diciembre de 2023 y actualizar los programas de asistencia estudiantil. También establece la transferencia inmediata de fondos a las universidades en caso de no mediar una suspensión judicial.
Impacto fiscal: el costo de $2,5 billones y la falta de fondos
Según estimaciones oficiales, cumplir con la normativa implicaría un desembolso cercano a los $2,5 billones, una cifra que el Gobierno asegura no poder afrontar en el corto plazo.
En ese contexto, desde el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, analizan alternativas para conseguir financiamiento o aplicar los pagos de manera escalonada.
Sin embargo, en el propio Ejecutivo reconocen que la obligación judicial podría poner en riesgo el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.
Camino a la Corte Suprema: pocas chances de frenar la medida
El Gobierno avanzará con un recurso extraordinario ante la Corte, luego de que la ley fuera ratificada tanto en primera instancia como en la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Pese a esta estrategia, en la Casa Rosada admiten que es difícil que el máximo tribunal otorgue un efecto suspensivo que frene el cumplimiento del fallo.
Reclamo de universidades: caída del presupuesto y presión creciente
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron que las transferencias a las universidades acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026.
A esto se suma el retraso salarial frente a la inflación, lo que intensificó el reclamo de rectores, docentes y estudiantes.
Conflicto en puerta: posibles medidas y tensión con el sistema educativo
Ante la falta de definiciones concretas, el conflicto con el sistema universitario se profundiza. Desde el sector advierten que, si no se avanza con los pagos, podrían retomarse medidas de fuerza en las próximas semanas.
El escenario combina presión judicial, restricciones presupuestarias y conflicto social, en un contexto donde el Gobierno deberá definir cómo cumplir con una obligación legal sin comprometer su política económica.
