La anunciada recuperación del edificio donde funcionaba la emblemática Biblioteca Popular «Esteban Echeverría» —ubicado en la intersección de las calles Levalle y 12 de Octubre, en el barrio Nuestra Señora de Fátima— desencadenó un tenso contrapunto político y social en la ciudad.
El conflicto estalló tras el anuncio oficial de la Municipalidad de Junín sobre la firma de un convenio para que la Asociación Civil Corazón y Tiza asuma el control y gestión del espacio, medida que generó un profundo malestar entre los vecinos y socios históricos que venían organizándose desde hace más de un año para reabrir la institución de manera independiente.
La posición del Municipio: desocupación y propuesta social
En entrevista con 10 Noticias (Canal 10 de Junín), la subsecretaria de Gobierno, Melanie De Carlo, brindó detalles sobre el procedimiento administrativo que permitió acordar la salida del ocupante ilegal de la finca:
«Comenzamos un proceso de tratativas extrajudiciales con el debido patrocinio letrado de la persona que ocupaba ilegalmente el inmueble desde 2015, cuando se disolvió la antigua comisión. Logramos que firmara un convenio para abandonar la propiedad de manera definitiva el próximo 10 de noviembre», explicó la funcionaria.
Respecto al traspaso del inmueble a Corazón y Tiza, De Carlo defendió la decisión argumentando que la ONG —que brinda contención pedagógica, social y acompañamiento a niños, adolescentes en conflicto con la ley penal y familias— no solo continuará con su labor comunitaria sino que reabrirá la biblioteca: «Dos miembros de la asociación son bibliotecarias capacitadas. Es una propuesta ampliamente superadora que integrará talleres para adultos mayores y nodos tecnológicos».
Sobre los reclamos de la comisión barrial, la subsecretaria sostuvo que el escrito ingresado en mesa de entradas en agosto no poseía validez legal ni acta formal de constitución de autoridades, remarcando que las tratativas con la ONG venían gestándose desde comienzos de año.
La comisión denuncia ninguneo: «Sentimos que nos dejaron afuera adrede»
Por su parte, los integrantes de la comisión normalizadora de la Biblioteca Esteban Echeverría se concentraron frente a las puertas del inmueble y expresaron su indignación ante lo que consideran un atropello a la participación comunitaria.
Gonzalo Jiménez, presidente de la comisión, relató las gestiones previas: «Llevamos más de un año y medio reuniéndonos, juntando firmas de exsocios, vecinos y bibliotecarios para reabrir este espacio que tiene historia desde 1930. Informamos cada paso dado al Municipio por notas formales ingresadas en mesa de entradas. Sin embargo, nos desayunamos un sábado con que le cedieron la administración completa a otra ONG sin siquiera convocarnos. Sentimos que se nos dejó afuera adrede».
A su vez, Cecilia, socia e integrante de la comisión, cuestionó la exigencia de personería jurídica previa: «La personería se perdió justamente por los años de abandono. Para tramitarla de nuevo ante Personas Jurídicas se necesita primero constituir la comisión, que es lo que hicimos de forma legítima. La biblioteca funcionó siempre como una asociación civil popular e independiente bajo el paraguas de CONABIP, no como una dependencia municipal».
Comunicado de la Comisión Directiva de la Biblioteca
La Comisión Directiva de la Biblioteca «Esteban Echeverría» hizo llegar a los medios de comunicación un comunicado en el cual se indica textualmente lo siguiente:
«Desde la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Esteban Echeverría celebramos el anuncio de recuperación del edificio, pero tenemos el deber de informar a la comunidad que esta historia comenzó mucho antes. Hace más de un año, vecinos y socios se organizaron, impulsaron gestiones formales y llevaron su reclamo al Concejo Deliberante. Ese recorrido no puede ser desconocido ni borrado de la historia de la Biblioteca.
La institución lleva once años usurpada, exactamente el mismo tiempo que el espacio político del actual Intendente lleva gobernando Junín. Durante años, funcionarios municipales fueron advertidos de esta situación por vecinos y otras bibliotecas populares, sin que hubiera respuestas concretas.
¿Qué cambió? La comunidad decidió organizarse y exigir la recuperación de un espacio que le pertenece.
En mayo de 2025, vecinos y socios comenzaron a reunir firmas para visibilizar el reclamo y expresar la voluntad comunitaria de recuperar la Biblioteca.
En septiembre de ese año, la concejala Francina Sierra tomó esa demanda y la llevó al Honorable Concejo Deliberante mediante el expediente N.º 10-248/2025. El proyecto fue aprobado e incluyó expresamente la necesidad de generar instancias de participación comunitaria para la puesta en valor y reactivación de la institución.
En febrero de 2026, el expediente comenzó a circular por las áreas municipales correspondientes y, en mayo, recibimos la información de que se había iniciado el proceso de desalojo.
Esperamos entonces que el Municipio convocara a los vecinos y socios organizados para trabajar conjuntamente. Esa comunicación nunca llegó.
En agosto de 2026, convocamos públicamente a una Asamblea para conformar una nueva Comisión Directiva. El 20 de agosto, además, presentamos ante el Municipio una nota formal —expediente N.º 4059-1789/2026-0— en la que manifestamos nuestra voluntad de participar en la recuperación, proteger el patrimonio material y simbólico de la Biblioteca y asumir la responsabilidad institucional de ponerla nuevamente al servicio de la comunidad. Adjuntamos las firmas de vecinos y socios que acompañan este reclamo.
Ese mismo mes se realizó la Asamblea y se eligió a la nueva Comisión Directiva, presidida por Gonzalo Giménez.
Hoy, mientras el Intendente anuncia la recuperación de la Biblioteca, también plantea la firma de un convenio con una asociación civil ajena a la institución. No está claro qué lugar les asigna a la Comisión Directiva y a la comunidad que sostuvo el reclamo durante todo este tiempo.
La Biblioteca tiene historia, tiene comunidad y tiene una Comisión Directiva. Su futuro no puede decidirse desconociendo a quienes trabajaron para recuperarla.
Celebramos que el edificio pueda volver a la comunidad, pero exigimos información, transparencia y participación.
Recuperar la Biblioteca no puede significar simplemente disponer de un inmueble: significa respetar su identidad, reconocer a quienes fueron parte de su historia, a quienes sostuvieron el reclamo y garantizar que su destino se decida con participación de la propia institución y de la comunidad.
La recuperación de la Biblioteca debe ser también la recuperación de su voz.
Comisión Directiva
Biblioteca Popular Esteban Echeverría — Junín
Abogado del ocupante acusa falta de seriedad estatal
El conflicto sumó una arista inesperada cuando el abogado Roberto Lisa, representante legal del hombre que habita el inmueble, irrumpió durante la transmisión televisiva para manifestar su descontento con la gestión comunal.
Lisa denunció que el Estado municipal violó los plazos comprometidos en la negociación: «Habíamos acordado en el convenio una prórroga de 30 días adicionales para la desocupación, pero recientemente me llamaron para decirme que lo firmado no vale y que el 10 de noviembre debe entregar el lugar. Siento una enorme decepción por la falta de seriedad del propio Estado que firma un acuerdo y al mes cambia las reglas».
La oposición llevó el reclamo al Concejo Deliberante
Desde el plano legislativo, la concejal Francina Sierra (bloque Fuerza Patria) confirmó la presentación de un pedido de informes en el Honorable Concejo Deliberante para conocer las cláusulas del convenio firmado por el intendente Juan Fiorini.
«Es una torpeza política enorme actuar a espaldas de una comunidad que venía luchando de manera organizada desde 2025. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto instando al Municipio a generar instancias de participación comunitaria con estos vecinos, pero hicieron oídos sordos y firmaron un acuerdo un día feriado», disparó Sierra.
La edil opositora exigió al Ejecutivo reflexionar y abrir una mesa de diálogo tripartita: «Queremos saber qué atribuciones se le otorgan a la ONG, quién financiará las obras de refacción del edificio deteriorado y por qué se excluyó a los vecinos que tienen el derecho legítimo de recuperar la vida comunitaria de su biblioteca popular».
