Con la exposición de funcionarios del Ejecutivo empezaron este miércoles en Diputados los debates en comisión del Súper RIGI y la Ley de Lobby. El oficialismo quiere votar ambos proyectos en el recinto antes de fin de mes.
En el plenario de Presupuesto, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva expuso el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, quien señaló que «el Súper RIGI tiene un plazo de cinco años con la posibilidad de uno de renovación, es más restrictivo que el RIGI actual, y apunta a industrias nuevas que no existen».
Aseguró que el RIGI sancionado en 2024 «es una experiencia exitosa por la inversión que está generando» y frente a las críticas de la oposición destacó que los recursos naturales estaban desde antes pero que ahora se están generando las inversiones: «Vaca Muerta existía desde antes. Las minas de cobre se descubrieron hace 60 años. La diferencia entre que se anuncien y se hagan es clave, hay que poder financiarlo», afirmó.
«Tenemos gas, tenemos cobre. Con los acuerdos comerciales que tenemos, hay mercado para que se pase de una cuestión netamente extractiva a que se industrialice», agregó Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva.
A su vez, negaron que el proyecto esté diseñado exclusivamente para el área tecnológica y negó conocer a Peter Thiel, de Palantir.
«¿El señor Palantir ha hecho lobby por esta ley? Que beneficia directamente a estos tecno oligarcas», le preguntó Agustín Rossi quien también preguntó cómo van a compensar el impacto en el sistema previsional por la baja en aportes patronales.
González le contestó: «No conozco a ningún señor Palantir, no imagino que sea un regimen de impacto a corto plazo». Y luego el radical Martín Lousteu le recordó que «el dueño tuvo una entrevista con el presidente hace poco tiempo» justo antes de lanzar el Súper RIGI.
«Nadie les pide tanto», señaló por su parte Victoria Tolosa Paz quien destacó que la disminución en lo que recauda el fisco va a impactar a la coparticipación y a las provincias. «Ustedes tienen prisa porque el proyecto económico no les cierra, pero no en la liquidación de divisas. En eso no hay ninguna exigencia», agregó.
Por su parte, más temprano, empezó a discutirse la Ley de Lobby en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Hay siete proyectos presentados con estado parlamentario sobre el tema: el del Ejecutivo, el de Miguel Angel Pichetto, la radical Karina Banfi, el de Maximiliano Ferraro de la Coalición Civica, los de los peronistas Agustina Propato y Sebastián Galmarini, y el ex legislador federal Oscar Agost Carreño.
El director nacional de Reforma Política del Ministerio del Interior, Diego Marías, defendió el texto del Ejecutivo: «Lo que intenta es regularizar algo que en la Argentina se hizo, se hace y se va a hacer siempre, como en cualquier país, que es el lobby, el cabildeo o la gestión de los intereses entre los públicos y los privados, o entre los privados y el sector público”, sentenció, aunque aseguró que el oficialismo está abierto a cambios.
La Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses busca regular las actividades de gestión de intereses ante el Poder Ejecutivo y Legislativo. El proyecto del Ejecutivo crea un Registro Público de Gestores de Intereses, obligatorio para todas las personas o entidades que quieran realizar actividades de lobby. Deben inscribirse, identificar clientes, declarar intereses extranjeros, si existen y presentar informes trimestrales detallando los contactos realizados.
Frente a infracciones fija como sanciones posibles, apercibimiento, multas entre 5 y 500 salarios mínimos, suspensión del registro hasta 12 meses, inhabilitación definitiva para actuar como gestor de intereses.
Pichetto señaló que sería bueno tratar este proyecto antes de aprobar la ley de Súper RIGI y las modificaciones a la le de sociedades. «El gobierno presenta proyectos que les falta la firma del mundo jurídico, de estudios del lobby civil y comercial», señaló.
Tanto Banfi como Ferraro señalaron la importancia de desprender a las organizaciones del proyecto. «Las ONG no tienen intereses particulares sino comunes. No podemos generar carga al ciudadano en el ejercicio de su pleno derecho», planteó Banfi. Ferraro advirtió que el proyecto puede chocar con el «derecho a peticionar» de la ciudadanía.
También la mayoría de los legisladores planteó la necesidad de que se aplique no solo sobre el Ejecutivo y el Legislativo sino también en el Poder Judicial.
