El conflicto político y judicial que sacudió al oficialismo de General Rodríguez en las últimas semanas sumará un nuevo capítulo. Nicolás Rappazzo Demarchi dejó definitivamente el gabinete del intendente Mauro García luego de que la Fiscalía archivara la investigación iniciada por su denuncia contra el concejal de Fuerza Patria Javier Tarragona por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ahora, el exfuncionario buscará que la Procuración General bonaerense revise la actuación de la fiscalía que intervino en el expediente.
La salida de Rappazzo quedó formalizada mediante el Decreto municipal Nº 1.611, fechado el 28 de agosto y firmado por García y el secretario de Gobierno, Diego Ghirardi. El funcionario había estado al frente de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal y, en medio de la crisis desatada por el caso, el Municipio había reorganizado el área: la prevención del delito pasó a otra secretaría y Rappazzo quedó momentáneamente con competencias vinculadas a Justicia y Política Criminal. Finalmente presentó su renuncia. “Ya no formo parte del Gobierno municipal por decisión propia”, afirmó después de su salida.
Todo comenzó el 11 de agosto, cuando Rappazzo llevó ante la UFI Nº 12 de Moreno-General Rodríguez, especializada en narcotráfico y a cargo del fiscal Ezequiel Freydier, información que aseguró haber recibido de un vecino que pidió mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias. La denuncia dio origen a la IPP PP-19-00-021103-26/00, caratulada por comercialización de estupefacientes.
De acuerdo con aquella presentación, el informante vinculó a Tarragona con personas que supuestamente integraban una organización dedicada a comercializar drogas en distintos puntos del distrito. Entre las acusaciones figuraban presuntas relaciones con personas radicadas en el country Terravista, ubicado en la zona de Ruta 24 y Acceso Oeste, un supuesto intento por obtener información anticipada sobre allanamientos y hasta la existencia de una presunta “cocina” de cocaína. Ninguna de esas afirmaciones fue posteriormente acreditada en el expediente.
La denuncia tuvo una repercusión especialmente fuerte porque Tarragona pertenece al mismo espacio político que Rappazzo y el intendente Mauro García. El edil ocupa una banca de Fuerza Patria desde diciembre de 2023 y anteriormente se había desempeñado durante casi cuatro años como secretario privado del jefe comunal. Tras conocerse la presentación judicial pidió licencia en el Concejo Deliberante y fue reemplazado por Sebastián Piccardo.
Tarragona, además, se presentó espontáneamente ante la Fiscalía, negó cualquier participación en los delitos denunciados y aportó documentación sobre sus ingresos, situación crediticia y vehículo. También entregó voluntariamente su teléfono celular, la tarjeta SIM y el PIN para que el aparato pudiera ser analizado si la Justicia lo consideraba necesario.
Sin embargo, el teléfono finalmente no fue peritado. Según explicó Freydier en su resolución, antes de avanzar sobre las comunicaciones del concejal no existían nombres, teléfonos, fechas, lugares u otros datos objetivos con los cuales contrastar la información que eventualmente pudiera encontrarse en el dispositivo. El fiscal sostuvo que abrirlo en esas condiciones equivaldría a realizar una pesquisa sin una hipótesis concreta sobre la cual trabajar.
La Fiscalía sí llevó adelante otras medidas preliminares. Se buscaron datos sobre domicilios de Tarragona, antecedentes y eventuales investigaciones vigentes que pudieran relacionarlo con delitos similares a los denunciados. También se realizó una consulta a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que informó que el concejal no figuraba vinculado a investigaciones por narcomenudeo o narcotráfico. Ese informe no constituyó una investigación integral sobre Tarragona, sino una certificación acerca de la existencia de otras causas o pesquisas que pudieran tenerlo involucrado.
Uno de los puntos que el fiscal cuestionó fue la falta de precisión de la denuncia. Rappazzo fue citado para ratificarla, pero, según la resolución, no aportó nueva información respecto de los dichos originales del vecino. Tampoco se estableció un período concreto en el que supuestamente habrían ocurrido los delitos, no se identificó a los presuntos integrantes de la organización y no se aportaron elementos que permitieran acreditar o ubicar la mencionada “cocina” de cocaína.
Freydier cuestionó además la rápida difusión pública de una denuncia vinculada al narcotráfico, al considerar que la exposición mediática podía afectar el sigilo necesario para este tipo de investigaciones. Finalmente, el 28 de agosto dispuso archivar el expediente “hasta la aparición de nuevos elementos que justifiquen su reapertura”.
Ese punto resulta central: el archivo no implicó una condena, pero tampoco un sobreseimiento definitivo. La Fiscalía entendió que con la información reunida no existían indicios suficientes para continuar avanzando contra Tarragona, aunque el expediente podría reabrirse si aparecieran nuevos elementos.
Tras conocerse la decisión, el intendente Mauro García respaldó públicamente al concejal. Destacó que Tarragona se había puesto a disposición de la Justicia desde el comienzo, cuestionó la rápida mediatización del caso y admitió que la actuación del propio Ejecutivo municipal había terminado perjudicándolo. Incluso sostuvo que Tarragona merecía una disculpa de su administración por la situación generada.
Rappazzo, sin embargo, no considera cerrado el asunto. Fuentes de su entorno señalaron que prepara una presentación ante la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Julio Conte Grand, para que se evalúe la actuación del fiscal Freydier y de la Fiscalía General de Moreno-General Rodríguez. Su posición es que algunas de las medidas solicitadas originalmente deberían haberse profundizado antes de disponer el archivo.
El exsecretario también quedó involucrado en otro episodio que continúa bajo investigación. Dos días después de haber presentado la denuncia contra Tarragona, un inmueble vinculado a Rappazzo fue atacado de un disparo y los agresores dejaron un mensaje intimidatorio dirigido contra sus hijos. El hecho ocurrió durante la noche del 13 de agosto y quedó registrado parcialmente por cámaras de seguridad. No se estableció judicialmente, al menos hasta ahora, que ese ataque haya estado relacionado con la denuncia contra el concejal.
Así, la investigación contra Tarragona permanece archivada por falta de elementos suficientes para continuarla, mientras el concejal todavía atraviesa las consecuencias políticas de una denuncia que lo llevó a pedir licencia. La salida de Rappazzo del gabinete y su decisión de recurrir a la Procuración bonaerense mantienen abierto, en cambio, un conflicto que golpeó de lleno al oficialismo de General Rodríguez y expuso una fuerte fractura interna dentro del espacio conducido por Mauro García.
