La investigación judicial por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA sumó un capítulo clave que debilita la estrategia de desapego que intentó mantener el Gobierno. Un informe preliminar elaborado por la división de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) contradice de forma directa la principal coartada que Javier Milei había presentado para justificar su polémico posteo en redes sociales.
El tuit del origen
Cuando estalló el escándalo por el colapso del activo digital, que dejó un tendal de damnificados y pérdidas millonarias, el Presidente había asegurado que él solo se limitó a «difundir» un código contractual que ya era público y circulaba libremente por internet. Incluso, días después, ensayó una retirada en sus cuentas afirmando que, tras interiorizarse en el proyecto, había decidido no seguir dándole visibilidad.
Sin embargo, el análisis técnico de la Federal desmontó esa versión. Según el peritaje de Cibercrimen, el contrato para adquirir la criptomoneda se hizo público por primera vez a través del tuit del propio mandatario el pasado 14 de febrero. La investigación detectó que el sitio web oficial de la divisa recién indexó y agregó dicho contrato después de que se realizara la publicación presidencial (registrada exactamente a las 19:01 horas).
A esto se suma la conclusión de los especialistas técnicos, quienes señalaron que un único actor central mantenía el «control primario absoluto» de la criptomoneda, echando por tierra la teoría de un ecosistema descentralizado y orgánico.
Cruce de llamados y un pacto bajo la lupa
La situación judicial se vuelve más compleja al cruzarse este informe con las declaraciones de los propios implicados. Mauricio Novelli, el trader y lobista que articuló el nexo entre la Casa Rosada y el creador estadounidense de la moneda, Hayden Davis, se encontraba en Texas el día del lanzamiento. En declaraciones periodísticas recientes, Novelli intentó despegarse de la etiqueta de «enemigo público» asegurando: “Estaba en la sala con gente que representaba al Presidente. Él dijo lo que iba a hacer. Él estaba al teléfono”.
Para las querellas que representan a los damnificados, el informe de la PFA es una prueba determinante. Apuntan a que no existió una simple «curiosidad tecnológica» por parte del Ejecutivo, sino una participación coordinada en el negocio. El abogado querellante Nicolás Oszut fue tajante tras conocerse los datos de Cibercrimen: “El resultado del informe de la Policía sin dudas lo muestra a Milei como partícipe del negocio y por lo tanto de la estafa”.
Mientras la justicia avanza a paso lento en el análisis de las billeteras virtuales y las transferencias de fondos que Davis realizó en las fechas cercanas a su visita a la Casa Rosada, los indicios de una planificación previa —que incluye borradores de acuerdos económicos hallados en los teléfonos de los intermediarios— siguen ganando peso en el expediente. El manual de excusas oficiales se queda, de este modo, con cada vez menos margen técnico.
