Energía
El dictamen del abogado general del TJUE desactiva el argumento de las ayudas de Estado y abre la puerta a que España tenga que pagar
La estrategia de España para eludir el pago de las indemnizaciones por los recortes retroactivos a las renovables ha recibido un nuevo revés, esta vez desde Luxemburgo.
El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Athanasios Rantos, ha emitido un dictamen que pone en entredicho el argumento central del Gobierno español: que indemnizar a los inversores equivale a concederles una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior.
El pronunciamiento, publicado el 19 de noviembre, versa formalmente sobre Rumanía y el conocido como caso Micula, pero afecta de lleno a España.
El Gobierno español ha invocado expresamente ese precedente para justificar el impago, y la Comisión Europea se apoyó en la jurisprudencia del caso Micula cuando, el 24 de marzo de 2025, bloqueó mediante la Decisión 2025/1235 el pago de los 101 millones de euros, más intereses y costas, del laudo Antin.
Rantos propone al TJUE revocar la sentencia del Tribunal General y anular el artículo 1 de la decisión de 2015 en el que Bruselas calificó como ayuda estatal el pago de unos 178 millones de euros a los inversores suecos afectados por la retirada retroactiva de incentivos fiscales en Rumanía.
Su razonamiento rebate la equiparación entre compensar a un inversor perjudicado y subvencionarlo.
Sostiene que el derecho a la indemnización no nace del pago, sino del laudo que ya lo había reconocido, de modo que abonarla no genera una ventaja económica nueva.
Añade que reparar un daño no es lo mismo que restituir una subvención, pues la indemnización puede responder a un incumplimiento distinto, como la vulneración del trato justo y equitativo.
Frente a la postura de la Comisión y de España, considera además que la doctrina de los asuntos Asteris y Dobeles Hes, sobre indemnizaciones fijadas por tribunales, puede extenderse a los tribunales arbitrales de inversiones, por ser también órganos independientes de los poderes públicos.
Y recuerda que a Bruselas no le basta con señalar que un inversor cobra una cantidad para concluir que existe una ayuda, debe examinar el origen de la obligación de indemnizar, la naturaleza del daño y su relación con las ayudas anteriores.
El golpe para España es doble. El Gobierno intervino en el procedimiento en apoyo de la Comisión y planteó una casación adhesiva para negar que los inversores tuvieran interés legítimo en recurrir la decisión de Bruselas, con el argumento de que no podían acudir a los tribunales europeos para ejecutar un laudo contrario al derecho de la UE. El abogado general también lo rechaza: la supuesta incompatibilidad del laudo con el derecho europeo no priva a los afectados de su derecho a impugnar un acto que les afecta directamente.
Lo que está en juego es considerable. Cerca de 30 reclamaciones han sido estimadas por distintos tribunales arbitrales y la factura pendiente asciende a 2.367 millones de euros entre condenas, costas e intereses.
El razonamiento de Rantos puede influir en el caso de la japonesa JGC, a la que se reconocieron 23,51 millones y que cobró 32,95 millones en junio de 2025, bajo riesgo de embargo de activos españoles en Estados Unidos. La Comisión abrió el pasado 4 de agosto una investigación formal para determinar si ese pago es una ayuda incompatible. El dictamen apunta en favor del pago, aunque Bruselas aún debe resolver y cada laudo exige un examen individual.
También puede repercutir en los procedimientos de ejecución que España afronta en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Singapur, donde los inversores litigan con éxito para lograr el reconocimiento de los laudos. La decisión sobre Antin llegó a exigir a España medidas para frenar esas reclamaciones.



