Ciudad de Guatemala.- La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, instruyó desde el sábado 12 de septiembre al sistema de gestión de riesgos y a las autoridades locales a declarar la alerta roja en el este del país, ante el agravamiento de la sequía y los riesgos agroclimáticos asociados al fenómeno de El Niño.
La funcionaria encomendó la máxima alerta para 15 municipios que conforman la Región Trifinio, una franja fronteriza a la que se suman ocho distritos de El Salvador y 22 municipios de Honduras, gestionada por los tres países desde 1997 bajo un tratado en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
«Cada día cuenta; tenemos que proteger la salud y la vida de la población guatemalteca», afirmó la vicepresidenta tras encabezar las reuniones del Gabinete Específico de Desarrollo Social (GEDS) y del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), donde se presentó un plan de acción ante la sequía.
El fenómeno de El Niño azota este año a Guatemala con severa sequía, calor extremo y escasez de lluvias, afectando los cultivos de maíz y frijol, el empleo rural y la seguridad alimentaria. Asimismo, redujo el nivel del lago Güija – compartido con El Salvador-, amenazando la pesca, la agricultura y el abastecimiento comunitario.
Herrera solicitó definir precios de referencia para la canasta básica y los combustibles con el fin de evitar alzas injustificadas, además de desplegar 124 brigadas médicas y nutricionales.
El plan instruye al Ministerio de Agricultura a agilizar la entrega de alimentos, implementar reservas estratégicas de granos, activar el seguro agrícola compensatorio y construir reservorios artesanales de agua.
Del mismo modo, se inyectará capital a las Cajas Rurales para otorgar créditos con tasa nula a pequeños campesinos y se apoyará al sector ganadero, fuertemente golpeado por la falta de pastos.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social entregará bonos de emergencia en la zona fronteriza compartida y la cartera de Finanzas Públicas evaluará una propuesta para ampliar el techo presupuestario.
«Es indispensable garantizar transparencia y trazabilidad en la entrega de la asistencia, verificando que llegue efectivamente a las familias que la necesitan», concluyó Herrera, tras fijar un plazo de 15 días para recibir un informe de avances. EFE
