Todos los libros envejecen, pero algunos lo hacen mejor que otros. A Patear la escalera, de Ha-Joon Chang (Ediciones Granica), publicado originalmente en 2002, los años le han sentado bien. Su tesis central es tan simple como incómoda: los países que hoy son desarrollados no se hicieron ricos aplicando las políticas ni adoptando las instituciones que actualmente recomiendan a los países que no lo son. Primero subieron ellos por la escalera; luego buscaron, por distintos medios, evitar que otros subieran detrás.
Contra el consenso profesional, Chang vuelve sobre la pregunta que acosa a la economía desde Adam Smith: ¿cómo se hace rico un país? Su respuesta tiene dos ejes. El primero es el papel activo del Estado: antes de predicar libre comercio, apertura y desregulación, las potencias utilizaron las protección arancelaria, los subsidios, con el fin deliberado de modificar su estructura productiva. El segundo es el rol de las instituciones: muchas de las que hoy se presentan como precondiciones del desarrollo fueron más bien resultados del propio crecimiento.
El gran golpe del libro consiste en desmontar la historia oficial del capitalismo. Chang muestra que esa historia es incorrecta o, al menos, terriblemente selectiva. El título está inspirado en Friedrich List, un economista alemán del siglo XIX poco conocido y el creador del concepto de “industria naciente”. La intuición puede explicarse con una imagen sencilla: nadie mandaría a un chico de seis años a competir con adultos en el mercado de trabajo; lo razonable es enviarlo a la escuela, formarlo y darle tiempo.
El capítulo sobre instituciones es menos citado que el de política industrial, pero es igual de importante. Los países desarrollados no empezaron su industrialización con democracias plenas, bancos centrales independientes ni regímenes modernos de propiedad intelectual. Las burocracias profesionales convivieron durante largo tiempo con sistemas basados en el patronazgo, y los puestos se compraban y vendían. El caso de la propiedad intelectual es especialmente revelador: se tardó en adoptar una legislación moderna de patentes, y varios países hoy ricos aprendieron copiando y adaptando tecnologías extranjeras antes de defender patentes ajenas. El punto no es que las instituciones no importen, sino que no pueden pensarse como un molde universal que los países pobres deben copiar antes de desarrollarse.
No es casualidad que Chang sea el autor de este libro. Lo escribió mientras su padre era ministro de industria y proviene de un país que pasó, en pocas décadas, de la pobreza y la devastación a integrar el núcleo de las economías industriales avanzadas. De exportar pelucas a producir semiconductores, el papel del Estado en el desarrollo no podía pasar desapercibido. El sector público coreano protegía, otorgaba beneficios, intervenía en el mercado y elegía ganadores, pero exigía desempeño. La protección era temporaria, condicionada y orientada a exportar. Las restricciones se cumplían y utilizar las escasas divisas para importar bienes suntuarios estaba penando con la muerte.
Durante décadas, la política industrial fue presentada como una tentación de países atrasados, pero hoy está más claro que nunca que los ricos nunca dejaron de utilizarla. Semiconductores, baterías, inteligencia artificial, minerales críticos y transición energética se convirtieron en asuntos demasiado importantes para dejarlos librados al mercado. Estados Unidos aprueba programas masivos de apoyo, Europa discute subsidios verdes, autonomía estratégica y relocalización productiva, y China nunca abandonó una planificación intensa sobre sectores clave. Basta mirar iniciativas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para advertir que incluso gobiernos de orientación liberal como el de Milei terminan seleccionando sectores, creando incentivos y orientando inversiones, a contramano de lo que indica su dogma.
Quizás la experiencia personal del autor sea el origen del mayor defecto de su argumento: mostrar qué hicieron los ricos está lejos de ayudar a los pobres a subir por la escalera. Cómo construir las capacidades domésticas que permitan trepar hacia el desarrollo no es algo que Chang, ni prácticamente ningún economista, sepa hacer. Claralemente, apelar a la pena de muerte para quienes compran dólares para frenar la sangría de divisas con el fin de desarrollar un país choca contra los límites de lo razonable y practicable en una democracia.
De todas formas, el texto es un llamado de atención para quienes creen que la apertura, la desregulación y la estabilización macroeconómica alcanzan para que el país encuentre un lugar próspero en el mundo. Pero también interpela al desarrollismo vago que confunde política industrial con protección eterna, subsidios sin evaluación o defensa acrítica de cualquier actividad existente.
Mientras en Argentina nos perdemos en el falso debate Estado versus mercado, seguimos sin definir un rumbo. Cuenta Daniel Heymann, miembro del equipo económico durante la gestión de Alfonsín, que, tras la presentación del Plan Austral, un grupo de representantes de la embajada de Japón preguntó algo que los dejó mudos: “¿a qué se va a dedicar la Argentina?” Son muchos los colegas que la han bautizado como “la pregunta japonesa”.
La respuesta no puede ser copiar a Corea. Ese modelo es imposible de replicar en otras condiciones. Tenemos que definir un rumbo propio y responder este interrogante fundamental que podríamos rebautizar como “la pregunta coreana”.
