Esta iniciativa, presentada por el diputado Facundo Tignanelli, busca crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, y prevé que el organismo que conduce Guido Lorenzino, además de la atención de casos, ofrezca una instancia prejudicial obligatoria para facilitar la reestructuración de deudas y frenar los abusos de financieras, plataformas digitales y agencias de cobro.
«Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores», expresó Lorenzino.
En esa línea, indicó que «buscamos ser justos para las dos partes, mediante negociaciones que se realicen de la forma más fácil y práctica, y pidiendo dejar de lado la hostilidad y el maltrato que sufren las personas que se encuentran en esta situación».
Por su parte Tignanelli expresó que, «buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas, por eso pensamos en este mecanismo de negociación colectiva de las deudas. El modelo económico actual generó un nivel de endeudamiento como nunca se vio y tenemos que pensar en todas las estrategias posibles para ayudar a las personas».
El objetivo es dejar de negociar cada deuda aisladamente y analizar la situación económica integral de la persona, evitando que un acuerdo con un acreedor haga imposible cumplir con los demás.
Además, los acreedores tendrán la obligación de participar y colaborar, y la incomparecencia, falta de respuesta, negativa injustificada a brindar información, presentación de datos falsos o maniobras dilatorias son consideradas incumplimientos.
La propuesta apunta a facilitar la regularización de deudas; preservar las condiciones razonables de subsistencia de la persona deudora y su grupo familiar; evitar el crecimiento desproporcionado de intereses, gastos, comisiones o cargos; y promover soluciones compatibles con la capacidad económica real de cada caso.
También favorecer la conservación del crédito y el cumplimiento posible de las obligaciones, prevenir prácticas abusivas en el otorgamiento, administración y cobranza de créditos; disminuir la judicialización; y garantizar condiciones dignas, transparentes y no abusivas de cobranza.
El asesoramiento de la Defensoría se hará de forma gratuita y permitirá coordinar negociaciones entre las y los consumidores y sus acreedores. De convertirse en ley el proyecto, esta instancia será obligatoria antes de que la negociación siga por el camino judicial.
