«Industria del juicio»: nuevo récord de demandas laborales pese a la vigencia de la reforma de Milei

En los primeros siete meses del año se acumularon 72.525 nuevas demandas contra el sistema de riesgos del trabajo en todo el país y, de mantenerse el ritmo actual, la proyección para 2026 alcanzará a 137.800 juicios, un numero que supera el récord de 134.141 casos registrado en 2025, de acuerdo al último relevamiento difundido por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

El dato vuelve a poner bajo la lupa uno de los objetivos que acompañaron el debate y la aplicación de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei: reducir la litigiosidad y terminar con la llamada “industria del juicio”. La expectativa oficial y empresaria era que el nuevo marco legal contribuyera a modificar esa dinámica. Los primeros números con la reforma ya vigente, sin embargo, muestran que las demandas volvieron a crecer y que el volumen de juicios continúa instalado en niveles históricamente elevados.

La situación tampoco se explica por un salto puntual en julio, el último mes relevado. Ese mes ingresaron 7.814 nuevas demandas, menos que en junio, pero el informe atribuyó la baja al efecto estacional de la feria judicial. Cuando se toma la evolución de los últimos doce meses, el número llega a cerca de 135.400 presentaciones. Es decir que más allá de las variaciones mensuales, la judicialización continúa en niveles muy altos a razón de 400 juicios por día.

El mapa federal muestra, además, situaciones especialmente llamativas. Santa Fe se convirtió en el principal foco de atención: en julio registró 1.525 nuevas demandas y superó incluso a la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo 1.510. Pero el dato más significativo aparece en el acumulado: entre enero y julio la provincia sumó 12.150 juicios, con un crecimiento del 18% respecto del mismo período de 2025, frente a una suba del 2% para el conjunto del país.

La diferencia se amplía todavía más cuando se observa la cantidad de trabajadores alcanzados. El relevamiento de la UART proyecta para Santa Fe una tasa de 349 juicios cada 10.000 trabajadores durante 2026, contra 138 para el promedio nacional, con lo que la provincia presenta una litigiosidad proyectada más de dos veces y media superior a la media del país. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se acumularon 28.666 demandas en los primeros siete meses, mientras que CABA registró 13.939.

El fenómeno de la litigiosidad del sistema de riesgos de trabajo no es nuevo, pero se profundiza año tras año . En 2025 se había alcanzado el récord de 134.141 demandas, unas 370 por día, lo que representó un aumento del 6,4% respecto de 2024, cuando se habían iniciado 126.055 juicios. En el último cuatrimestre del año pasado, además, la aceleración había sido todavía mayor, con un crecimiento interanual del 12%.

La necesidad de contener el crecimiento de la denominada «industria del juicio» se convirtió en medio del debate de la reforma en uno de los argumentos centrales del Gobierno para apurar su sanción desde comienzos del año. Esa situación era incluso señalada por el sector empresario y las ART como uno de los factores que agregaban costos e incertidumbre al sistema.

Sin embargo, desde la UART apuntaron en especial sobre la Justicia en su reclamo de medidas para frenar la escalada de la litigiosidad. «Este escenario exige respuestas concretas por parte de los actores judiciales laborales. Hay que revertir una dinámica que, de persistir, pone en riesgo a un sistema que hoy funciona y que es garantía para todos los trabajadores», expresaron desde la entidad en un comunicado.

Y destacaron, en esa línea, el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó por unanimidad una sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había elevado la condena a una ART (por considerarla insuficiente), pese a que el trabajador no había apelado el fallo. Al respecto, la UART planteó le necesidad de dar cumplimiento al artículo 89 de la reforma laboral que exige a los que exige a los jueces laborales alinear sus decisiones con la doctrina de la Corte bajo pena de incurrir en mal desempeño de sus funciones.

Redacción

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