Informe lapidario de AGN pone en riesgo la prórroga eterna de Aeropuertos Argentina y desnuda apuro oficial
El futuro de la explotación aeroportuaria en la Argentina ingresó en una zona de extrema turbulencia institucional. Un riguroso y detallado informe elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) dejó al descubierto severas falencias en el proceso de prórroga del contrato de concesión otorgado a Aeropuertos Argentina.
El documento, además, encendió las alarmas sobre la legalidad de los acuerdos celebrados y poniendo bajo la lupa el inusitado apuro de la administración de Javier Milei por sellar una nueva extensión que extienda el monopolio del holding comandado por Eduardo Eurnekian hasta el año 2066.
El informe del organismo de control, publicado originalmente a mediados del año pasado, desmenuza los pormenores de la prórroga firmada durante la gestión de Alberto Fernández —bajo el argumento de compensar los efectos de la pandemia de Covid-19— y concluye que aquella extensión de 2028 a 2038 se concretó al margen de los estándares regulatorios previstos, omitiendo los pasos legales obligatorios, la intervención de los órganos competentes y la documentación respaldatoria indispensable.
El informe de AGN: las fallas técnicas, el rol del ORSNA y el fantasma de 2028
A lo largo de más de sesenta páginas, la auditoría expuso que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) actuó con extrema opacidad y careció de un circuito administrativo específico para justificar la medida.
Entre los puntos más cuestionados se destaca la ambigüedad en los planes de inversión exigidos al concesionario —con cláusulas redactadas de manera vaga que impedían medir su cumplimiento efectivo— y la falta de incorporación de documentos internos clave al expediente oficial.
Para los especialistas, la debilidad jurídica de aquella prórroga y las objeciones planteadas por la AGN representan una amenaza directa para los intereses del operador privado: si el andamiaje legal cede y se frena la maniobra actual, el control de las 35 terminales aéreas del país debería retornar de manera obligatoria a manos del Estado en febrero de 2028, abriendo necesariamente la puerta a una nueva licitación abierta y competitiva.
Es precisamente este escenario el que explica la urgencia del Ejecutivo nacional por blindar una megaextensión por 40 años —respaldada en su momento por actas secretas firmadas por la cúpula del ORSNA, hoy bajo la lupa de la Justicia—, garantizando así la continuidad del negocio y una Tasa Interna de Retorno (TIR) inusual del 16,45% en el mercado aeroportuario mientras crecen las sospechas sobre la independencia del organismo de control frente a la empresa concesionaria.
