Una jueza federal de Estados Unidos anuló la suspensión de visas de inmigrante que afectaba a Uruguay y otros 74 países, al considerar que la medida excedía las facultades legales del Gobierno.
La decisión fue adoptada por Jeannette Vargas, jueza de un tribunal federal de Nueva York, quien consideró “contraria a la ley” la política implementada por la administración de Donald Trump.
La medida regía desde el 21 de enero y suspendía el procesamiento de visas para quienes buscan la residencia permanente en Estados Unidos. No alcanzaba a las visas de no inmigrante, utilizadas para estadías temporales.
La lista incluía países como Afganistán, Brasil, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Somalia, Siria, Uruguay y Yemen, entre otros.
El Departamento de Estado había justificado la suspensión por el criterio de “carga pública” y sostenía que los solicitantes de los países incluidos representaban un “alto riesgo” de depender de la asistencia social o convertirse en una carga para las finanzas públicas.
La administración Trump puede apelar la resolución, que se suma a otras decisiones judiciales contra medidas de su política migratoria.
Cuando se conoció la suspensión, el canciller Mario Lubetkin calificó de “absurda” la inclusión de Uruguay y dijo que el Gobierno había activado gestiones diplomáticas para revertirla.
