La convocatoria nacional tuvo una entusiasta adhesión en Posadas, con la confluencia de delegaciones de Eldorado y Oberá, en tanto en la sede Eldorado de la Universidad Nacional de Misiones también están previstas actividades para la tarde / noche de este martes.
La marcha partió del Mástil municipal de Avenida Mitre y Uruguay, en columnas de organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles que llenaron más de siete cuadras de manifestantes. La movilización reflejó la diversidad de sectores presentes: entre ellos, el colectivo de personas con discapacidad y la Asamblea de Salud Mental, que sumaron su voz al reclamo y llevaron consigo un fuerte pedido de cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La movilización concluyó en el escenario de la Plaza 9 de Julio, donde se realizó el acto con la lectura del documento unificado de la comunidad universitaria en el que se reiteró el reclamo de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la actual gestión nacional.
El documento revela cifras que demuestran el impacto del ajuste: las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, mientras que los salarios acumularon una pérdida de poder adquisitivo del 37,13% frente a una inflación del 293,30% en el mismo período. Eso ubica a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años.
Además, se denuncia el autoritarismo del Ejecutivo nacional que decidió no aplicar la ley aprobada por el Congreso, lo que llevó al Consejo Interuniversitario Nacional a recurrir a la Justicia para obligar a su aplicación. El gobierno nacional ya apeló en dos instancias la orden judicial de acatar la ley, maniobras con las que mantiene al sistema público universitario en una situación de ahogo presupuestario que pone en riesgo la continuidad de su funcionamiento.
La declaración enmarca esta situación como una ruptura del Estado de derecho: cuando el Ejecutivo decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se quiebra no es solo el presupuesto universitario sino el contrato social que sostiene la democracia.
Frente a este escenario, la comunidad universitaria le dirigió un pedido expreso a la Corte Suprema de Justicia para que no permita que el gobierno nacional continúe desobedeciendo la Ley de Financiamiento Universitario, apelando al derecho a la educación y al carácter alimentario de los salarios y las becas.
Fuente: Prensa CTA Misiones.
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