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La humanidad enfrenta hoy una nueva revolución tecnológica que está redefiniendo los paradigmas de nuestra era, con la irrupción de la inteligencia artificial, la computación en la nube, el internet de las cosas y la economía de datos. Todos ellos están transformando profundamente la manera en que las sociedades producen, gobiernan, aprenden y se relacionan. Y lo está haciendo en años, no en generaciones. Para América Latina y el Caribe, esto representa simultáneamente oportunidades y riesgos. La oportunidad histórica de romper décadas de estancamiento productivo y el riesgo de quedar relegada como consumidora pasiva de innovación generada en otros contextos.
Lejos de ser un fenómeno aislado, la transición digital atraviesa y condiciona todas las otras transiciones: la ambiental, la energética y la demográfica. Por ejemplo, la capacidad de producir con menor huella ambiental, aprovechar la energía limpia, responder al envejecimiento poblacional o crear empleos de calidad dependerá cada vez más de la digitalización de procesos, los datos, la automatización y la inteligencia artificial.
Sin embargo, la región parte con varios condicionantes. Los rezagos en la modernización del tejido empresarial que se traduce en una baja productividad crónica, o la fragilidad de sus Estados para pilotar procesos de innovación y transformación que mejoren el bienestar de los ciudadanos son solo algunos de ellos. El aparato exportador sigue anclado en bienes de baja sofisticación tecnológica y las empresas, sobre todo las pymes, incorporan tecnologías digitales sin transformar sus procesos o modelos de negocios. El problema, en otras palabras, no es haber accedido a las tecnologías digitales, sino que haberlo hecho sin transformar suficientemente su estructura productiva ni sus capacidades estatales.
Un proceso de digitalización que llega sin políticas activas tiende a profundizar las brechas estructurales. El reporte de CAF Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante documenta que la informalidad laboral en América Latina y el Caribe alcanza el 55% de la fuerza de trabajo, frente al 3% en la OCDE, y que más del 70% de quienes no completaron la educación secundaria trabajan en condiciones informales. En una economía que se digitaliza de forma heterogénea, esas personas quedan atrás de manera definitiva. La tecnología, por sí sola, no corrige esa fractura. Puede incluso ampliarla si la automatización y la inteligencia artificial avanzan más rápido que la capacidad de formar trabajadores, reconvertir trayectorias laborales y acompañar a pequeñas empresas en la adopción efectiva de herramientas digitales.
América Latina y el Caribe dispone de activos extraordinarios para enfrentar todos estos retos. Tiene la dotación de energías renovables que la infraestructura digital del siglo XXI demanda —centros de datos, cómputo de alto desempeño— que puede convertirla en proveedora de servicios digitales al mundo, no solo consumidora. Tiene referentes de innovación pública de clase mundial que demuestran que la región es capaz de desarrollar soluciones tecnológicas a escala global. Y tiene capacidades productivas subyacentes en logística, agricultura, turismo, química, servicios empresariales y manufactura que la digitalización puede convertir en exportaciones de mayor valor.
La región puede modernizar lo que ya produce y dar el salto hacia actividades más sofisticadas para las que ya tiene parte de las competencias necesarias. Esto es especialmente importante en los servicios, un sector que concentra una gran parte del empleo regional y actúa como insumo para casi toda la economía. Mejorar la eficiencia de la logística, del comercio, de servicios empresariales, de plataformas de atención y gestión a través de la transformación digital tiene un efecto multiplicador sobre toda la economía. Lo que ha faltado no son los recursos ni las capacidades: ha faltado la articulación estratégica que convierta esos activos en transformación real.
Esa articulación requiere actuar en tres frentes simultáneos. El primero es la infraestructura digital sustentable: no solo ampliar la cobertura de redes sino elevar su calidad y las capacidades de uso, expandir la capacidad de cómputo y centros de datos soberanos que reduzcan la dependencia tecnológica externa, y aprovechar la convergencia entre energía renovable e infraestructura digital como ventaja comparativa regional.
El segundo es la modernización digital del Estado: no digitalizar los procesos existentes sino transformarlos, construyendo plataformas públicas habilitantes —identidad digital, sistemas de pago, interoperabilidad de datos, atención a los ciudadanos— que mejoren los servicios ciudadanos, aumenten la eficiencia fiscal y reconstruyan la confianza en las instituciones. Esa transformación también debe aterrizar en ciudades y gobiernos subnacionales, donde se juega buena parte de la relación cotidiana entre ciudadanía y Estado: movilidad, agua, seguridad, residuos, atención y gestión urbana. Allí, la agenda de ciudades inteligentes no debería entenderse como un conjunto de soluciones tecnológicas aisladas, sino como una forma más integrada de gestionar servicios, usar datos y mejorar la calidad de vida. Eso es Transformación Digital para el bienestar para mejorar la vida de las personas.
El tercero es la transformación productiva: programas de alto impacto que lleguen a las micro, pequeñas y medianas empresas que concentran el empleo, combinando financiamiento con asistencia técnica sostenida, inclusive con ayuda de IA. Nuevamente la clave no está en “digitalizar”, sino que, en modificar y optimizar procesos a través de las tecnologías para mejorar la eficiencia y productividad, expandir los mercados, reducir costos, y aumentar el valor agregado. La evidencia es clara: las empresas que adoptan tecnología sin acompañamiento no logran los incrementos de productividad esperados.
La integración regional facilitada por las tecnologías digitales es también una clara oportunidad, y una condición estratégica, para generar la escala que casi ningún país de la región puede alcanzar individualmente, y enfrentar la fragmentación regulatoria existente.
La agenda es urgente, pero también lo es la oportunidad. América Latina y el Caribe todavía puede protagonizar esta nueva era. Lo que ya no puede permitirse es seguir llegando tarde a una transformación que definirá no solo su competitividad, sino también la calidad de su democracia y de su contrato social.
