La Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras de Tandil solicitó al Departamento Ejecutivo y a los concejales que respondan una serie de pedidos de información vinculados al expediente 2025-03589-01, mediante el cual se tramita una excepción urbanística para la construcción de un edificio en avenida Fleming que sería alquilado a una institución educativa privada. Además, reclamó que la iniciativa no sea aprobada hasta que se esclarezcan los distintos puntos planteados.
A través de un comunicado titulado «Los privilegios son mala educación», la organización expresó cuestionamientos respecto de la ubicación del proyecto y su encuadre dentro de la normativa urbanística vigente.
Entre las consultas formuladas, la Asamblea pidió que se informe cuál es la cota del terreno que las autoridades consideran válida para evaluar el emprendimiento. Según señalaron, de acuerdo con los mapas disponibles en la página oficial del Municipio, el predio se encuentra por encima de la cota de 220 metros sobre el nivel del mar, por lo que correspondería a la Zona Natural Protegida Sierras de Tandil.
Asimismo, indicaron que, aun en el caso de que el terreno estuviera por debajo de esa cota, la categoría urbanística sería Residencial Extraurbano 1, donde el uso educativo figura como «autorizable» y no como permitido. En ese sentido, remarcaron que para habilitar ese tipo de actividad sería necesaria la presentación previa de un estudio de impacto urbano y ambiental, además de su correspondiente aprobación.
Por ese motivo, reclamaron que se informe si dicho estudio fue presentado y, en caso afirmativo, dónde puede ser consultado por la comunidad para analizarlo y expresar opiniones al respecto.
La entidad también hizo referencia a una nota incorporada al expediente, firmada por el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, y dirigida al secretario de Gobierno, Miguel Lunghi. A partir de ese documento, la Asamblea planteó nuevos interrogantes sobre la participación del Estado municipal en eventuales obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del proyecto.
«¿Por qué el Estado municipal haría la obra para poder darle la excepción a una empresa privada?», se preguntaron. También cuestionaron si existe la intención de aprobar la iniciativa antes de que se concreten las obras requeridas por Obras Sanitarias y pidieron explicaciones sobre cuál sería el «impacto positivo para el desarrollo urbano de la ciudad» de avanzar con una excepción que, según sostienen, contradice las disposiciones del plan urbano vigente.
Además, solicitaron conocer cuáles son las prioridades actuales de obra pública en Tandil y compararon la posible inversión vinculada a este proyecto con los recursos destinados a la educación pública y a la extensión de servicios esenciales como agua potable y cloacas en distintos barrios de la ciudad.
En el tramo final del comunicado, la Asamblea afirmó que la educación es una actividad estratégica, aunque consideró inapropiado utilizar ese argumento para justificar una excepción urbanística destinada a una empresa que alquilaría el edificio a un colegio privado.
«Cumplir las normas, cuidar el ambiente y la igualdad ante la ley son valores educativos insoslayables», expresaron. También reclamaron que los recursos públicos sean utilizados «con equidad y responsabilidad» y que las autoridades respondan a las inquietudes planteadas por los ciudadanos.
