La brecha de 1,8 millones de jóvenes guatemaltecos sin empadronar abrió un nuevo frente de presión sobre el Tribunal Supremo Electoral a diez meses de los comicios, en una sesión de la Comisión del Migrante del Congreso de la República donde diputados reclamaron medidas concretas para revertir la apatía electoral y ampliar la participación tanto dentro de Guatemala como en el exterior.
El dato se volvió más sensible por el contraste con el voto migrante: el padrón fuera del país apenas supera los 96.000 empadronados, aunque el Registro Nacional de las Personas entregó 783.000 Documentos Personales de Identificación en Estados Unidos desde 2013. En la última elección, solo 1.500 guatemaltecos votaron desde el extranjero, con un costo de 54.000 quetzales por sufragio y un presupuesto anual de 20 millones de quetzales.
Durante la sesión, un diputado resumió el problema en una frase: “La juventud no quiere participar, regularmente son apáticos en el tema electoral, no les interesa, hay un desencanto en la mayor parte de la población”. El legislador pidió al TSE explicar qué políticas aplicará para llevar a los jóvenes a las mesas electorales, dentro y fuera del país.
La magistrada Karin Romero respondió que la octava magistratura decidió adelantar sus estrategias de acercamiento juvenil desde su llegada al cargo, hace cuatro meses, en lugar de esperar la cercanía de la elección como ocurría antes. Ante los diputados, planteó: “Los jóvenes dicen que son el futuro, pero los jóvenes son el presente. En su presente es que van a elegir su futuro”.
Romero detalló que el tribunal desarrolla diálogos con jóvenes en cada región del país, actividades con universidades y acciones en sedes ubicadas en comunidades alejadas. También instaló puestos de empadronamiento en campus universitarios y organizó caminatas y actos cívicos, entre ellos la inauguración del Día de la Juventud, a la que asistieron magistrados el mismo día de la sesión.
Uno de los ejes del plan es incorporar a jóvenes como voluntarios, fiscales u observadores electorales. La magistrada explicó que la formación busca que conozcan cada etapa del proceso y luego elijan en qué función quieren participar.
Romero lo expresó así: “Ya ellos con el conocimiento o la expertise de cada uno de esos procesos, ya poder elegir: bueno, me gusta hacer este rol, me gusta tener otro”. A quienes completan esas capacitaciones, el TSE les entrega una constancia para el currículum vitae y además gestiona convenios con universidades para que esa experiencia pueda contar como práctica académica o como puntos en la trayectoria estudiantil.
El magistrado Mario Alexander Velásquez agregó que, mientras parte del pleno comparecía ante la comisión, otros magistrados cumplían actividades paralelas de vinculación con jóvenes. Ese mismo día, la magistrada presidenta participaba en un acto con personas de 18 años recién cumplidos dentro de un proceso de voluntariado orientado al empadronamiento; el magistrado Morales atendía reuniones con autoridades de ascendencia guatemalteca en Estados Unidos y el magistrado Jiménez estaba en mesas de seguridad.
Velásquez sostuvo que una reforma legal para permitir el empadronamiento automático reduciría costos y tiempo de trabajo. Según explicó, si la ley autorizara trasladar de forma automática la información desde el RENAP, como ocurre cuando un ciudadano tramita su DPI en Guatemala, el país sumaría de inmediato a toda la ciudadanía al padrón electoral.
Esa alternativa también alcanzaría a los guatemaltecos en el extranjero y ya figura en iniciativas de ley pendientes en el Congreso de la República. El magistrado sostuvo: “Si se hiciera la reforma de ley, sería trasladarlos de RENAP y automáticamente tendríamos a todos los ciudadanos empadronados”.
En el debate sobre el voto exterior, el diputado Gustavo Cruz propuso que CONAMIGUA use parte de su presupuesto no ejecutado para financiar consulados móviles. La idea busca acercar centros de votación a migrantes radicados en zonas del centro y norte de Estados Unidos, donde los traslados son largos.
Representantes de la Mesa Técnica de Voto en el Extranjero, conectados desde Los Ángeles, advirtieron que el acuerdo TSE 242 exige el DPI como documento indispensable para empadronarse, aunque ese documento no se emite ni se imprime fuera del territorio guatemalteco. Alfonso Pérez, de la Alianza Guatemalteca en Estados Unidos, recordó que cinco leyes del país, entre ellas los decretos 95-98 y 44-2016, reconocen al pasaporte como documento de identidad de los guatemaltecos en el exterior y que ninguna norma atribuye esa función al DPI fuera de Guatemala.
Velásquez respondió que la mesa de trabajo sigue abierta y que la reunión del jueves siguiente, con los cinco magistrados en pleno y participación virtual de migrantes, servirá para fijar líneas de trabajo. El magistrado añadió: “Lo que no podemos es dar pasos en falso que provoquen dudas y conflicto a la ciudadanía”, y reconoció que parte de los cambios necesarios requiere reformas legales e incluso constitucionales.
El presidente de la comisión cerró la sesión con un llamado a una reforma profunda de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para que los cambios sean estructurales. En el corto plazo, la apuesta del TSE son 40 comisiones de empadronamiento previstas para el segundo semestre del año en distintas ciudades de Estados Unidos, con proyección hasta el cierre del padrón en marzo de 2027 y una meta de 50.000 nuevos empadronados o actualizaciones.
